17 de abril de 2018
17.04.2018

La Junta inicia el proceso para la destitución del síndico mayor

La Comisión de Hacienda instruirá ahora el expediente, recabando las pruebas necesarias, antes de que su dictamen pase al Pleno

17.04.2018 | 18:12
Avelino Viejo.

La Mesa de la Junta General del Principado ha acordado esta mañana el inicio del expediente de revocación del síndico mayor. El órgano de gobierno de la cámara, con la sola oposición del PSOE y sin pronunciamiento de Ciudadanos -que tiene voz, pero no voto en la Mesa-, dio de paso el escrito presentado por el diputado de Foro Pedro Leal que solicita la activación del mecanismo. Tuvo a favor a PP, Podemos e IU y da inicio a un procedimiento en el que la incoación del expediente ha de contar con el asentimiento de la Junta de Portavoces -lo recibirá previsiblemente el lunes- para que a continuación sea la Comisión de Hacienda la que instruya el expediente, recabando las pruebas que considere necesarias y emitiendo al final del proceso un dictamen que será sometido a la votación del Pleno. Llegado el caso, allí se exige una mayoría de tres quintas partes de la cámara (27 votos) que se alcanzaría con el voto a favor de los grupos que han respaldado el inicio del expediente: PP, Foro, IU y Podemos. Tanto la coalición como la formación morada vencieron la semana pasada las dudas que les generaba el escrito elaborado por el letrado mayor de la Junta en el que la reiteración de las sentencias contrarias a la política de personal de la Sindicatura de Cuentas no se consideraba motivo suficiente para entender cumplida la condición legal de que para revocar a un síndico debe mediar incumplimiento de las labores propias de su cargo.

Los grupos de la derecha han sido los que con más intensidad han celebrado el inicio del proceso. Leal considera que "el encadenamiento de Avelino Viejo al sillón tras haberse conocido su proceder causa un gravísimo daño a la Sindicatura de Cuentas" y el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons replicó a los reparos legales del PSOE, basados en el informe de los letrados, que "se trata de saber si hay indicios racionales que apunten al incumplimiento de las obligaciones del cargo". Si la sospecha es que existen, como él y su grupo apuntan, "lo lógico es iniciar el mecanismo", asegura.

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