La portavoz de Foro, Cristina Coto, sacó a colación la situación de la Sindicatura y responsabilizó al Ejecutivo socialista del "descrédito" de ese órgano auxiliar, una situación que, dijo, también pretenden con el parlamento autonómico. Coto acusó al síndico mayor, Avelino Viejo, de "jactarse de que no toma en consideración las recomendaciones de esta Junta General" y al Gobierno de "poner el ventilador" al sostener que la reprobación debería ser extensiva a los tres síndicos.

Javier Fernández admitió que las relaciones del Ejecutivo con la Sindicatura "nunca han sido fáciles" y se remitió al informe de los servicios jurídicos de la Cámara para argumentar que la sentencia que tumbó los métodos de selección de personal de la Sindicatura no justifica el cese de Viejo por incumplimiento de sus obligaciones como síndico mayor, que han activado en la activado en la Mesa de la Junta el PP, Podemos, IU y Foro. "Cuando las leyes hay que interpretarlas, yo me atengo a la interpretación que hagan los servicios jurídicos de esta Cámara", sostuvo el presidente regional.

Mientras la Sindicatura es objeto de debate en la Junta y CC OO pedía el cese del síndico mayor, el órgano auxiliar del parlamento continua con su actividad fiscalizadora. Ayer divulgó un informe que cifra en 11 las entidades eliminadas en el proceso de reestructuración del sector público entre 2010 y 2016, un 75 por ciento de las previstas por el Principado.

El informe definitivo de esa fiscalización advierte que las medidas adoptadas "constituyen más un cambio en la forma jurídica de las unidades que un ahorro en costes" y señala que no tiene datos suficientes para emitir una opinión "sobre la cifra consignada como ahorro efectivo derivado de las extinciones".