Una asturiana al frente del rescate de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana. La radióloga avilesina Isabel González ocupa desde el pasado día 1 la gerencia del Hospital de Alcira, el primero que tras estar durante 18 años en manos de una concesión privada, con la empresa Ribera Salud, vuelve a ser de gestión netamente pública por decisión del Gobierno valenciano.
"Todo el mundo nos mira con lupa porque el traspaso con la empresa no ha sido nada amistoso y nos dejaron el hospital con muchas deficiencias que ahora debemos de corregir", comenta a LA NUEVA ESPAÑA esta radióloga avilesina que ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional en centros sanitarios de la Comunidad Valenciana tras estudiar en la Universidad de Valladolid, realizar la residencia en el antiguo Hospital General de Asturias y trabajar en el Hospital Nuestra Señora de Covadonga, antes de la fusión hospitalaria en Oviedo. Es hermana de la exeurodiputada y expresidenta de la Junta General, Laura González.
La reversión de las concesiones de la empresa Ribera al sistema público de salud formó parte del pacto del Botanic mediante el que PSOE y Compromís arrebataron al PP el Gobierno valenciano tras dos décadas ininterrumpidas de mandatos autonómicos, con el apoyo de Podemos. El Hospital de Alcira es el primero donde se ha podido materializar esa reversión porque finalizaba el contrato de concesión, firmado hace 15 años. "El siguiente puede ser el de Denia, donde el contrato aún no termina pero la concesionaria tiene pérdidas y hay negociaciones", apunta la médica avilesina.
Isabel González ha desempeñado un papel clave en este proceso porque desde el cambio de gobierno en la Comunidad Valencia asumió la dirección general de la Alta Inspección de la Consejería de Sanidad, el departamento que controla las concesiones de todos los centros públicos cuya gestión se privatizó, a los que estaban adscritos un millón de pacientes. "Había el deber y la obligación de realizar un control a la empresa concesionaria, algo que no se hizo por parte de los gobiernos del PP. Los contratos se hicieron a la medida de la concesionaria generando el efecto perverso de que el sistema público trasladaba pacientes el privado", sostiene Isabel González.
La devaluación de la Atención Primaria, el bajo nivel de inversiones, la precariedad en la contratación de personal con hasta 48 tipos distintos de contrato y un material y equipamiento tecnológico obsoletos forman parte del legado de la gestión privada que la radióloga avilesina detectó en esa labor de supervisión y que ha podido corroborar a pie obra desde el pasado día 1, al asumir la dirección del área de salud de La Ribera, del que depende el hospital de Alcira, un centro que cubre una población de 250.000 habitantes pero que atiende a localidades como Cullera y Sueca, que triplican su población en verano.
"No hubo caos"
"Se avisó a la empresa de esa reversión hace más de un año para tener a punto el hospital cuando entrásemos, pero no ha sido un traspaso pacífico. La empresa concesionaria hizo una campaña de propaganda con el miedo como estrategia, vaticinando un caos que no ha habido y mientras tanto dio información insuficiente, tardía y en formatos incompatibles", lamenta Isabel González, quien asegura que la concesionaria "pensaba en el volumen de negocio, no en el paciente". En su opinión, "sanidad y negocio no se entienden muy bien" y da argumentos: "tendremos que comprar un TAC, cambiaremos el acelerador lineal, que cuesta tres millones de euros, y mejoraremos las habitaciones", afirma Isabel González. Para explicarlo pone un ejemplo muy gráfico: "los celadores aplaudieron cuando anunciamos la compra de 60 sillas de ruedas".
