"Mi formación jurídica es de ver la televisión y las películas", ha admitido esta mañana el exconcejal de Llanes Emilio Carrera, acusado de quitar 19 multas a amigos y conocidos. No llegó a decir que sus maestros de Derecho hubiesen sido Perry Mason, Ally McBeal o "El Chepa" de "Turno de Oficio", pero casi. "Yo era descuidado y tampoco los que me rodeaban me dijeron nada. Igual me equivoqué al coger tantas responsabilidades. Podríamos decir que era un irresponsable", llegó a decir el exedil ante la magistrada María Paz González-Tascón, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. Está visto que el exconcejal, condenado la semana pasada a siete años de inhabiltación por fraccionar contratos, ha preferido esta mañana quedar por tonto antes que por corrupto o prevaricador.

Admitió haber quitado alguna multa, por ejemplo, a una señora que estaba mal de dinero y a la que le hubiese hecho polvo pagar 200 euros. Al parecer, recibía a los afectados en su propio despacho, escuchaba sus excusas y le convencían. Pero la mayor parte del archivo de las sanciones fue cosa de la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, y una subalterna del servicio de sanciones, que actuó "por su cuenta y riesgo". Claro que la funcionaria en cuestión negó la mayor. "Le advertí que no se podían hacer las cosas así", aseguró la mujer. "Dijo que tirara para adelante, quitar la multa y 'que me lleven al Juzgado'. El secretario del Ayuntamiento era conocedor de lo que estaba pasando", indicó María Antonia V. R.

La fiscal de delitos contra la administración, María Esperanza González Avella, fue inmisericorde. Primero por la falta de etina "inadmisible" del concejal, que ahora, a estas alturas del proceso, echa la culpa a la exalcaldesa y a una funcionaria, cuando antes nunca lo hizo. "Traté de no involucrar a nadie, pero cuando vas viendo que van apretando tienes que defenderte", había respondido el exconcejal un poco antes a las preguntas sobre el cambio de declaración. A la fiscal le faltaban epítetos para calificar al personaje. "No sé qué es más grave, que una persona en un cargo haga su santa voluntad con deprecio total, absoluto y grosero de la norma, o que esa persona ostente un cargo para el que no está preparado ni tiene ni idea", indicó. Y puso el acento en la arbitrariedad absoluta de quitar multas a los conocidos por pasarse por su despacho. "Si se pasa por allí y apela a la pena o bonhomía del concejal, pues no paga la multa. Es un ejercicio arbitrario y absoluto del poder", rubricó, manteniendo su petición de diez años de inhabilitación.