Una investigación iniciada en 2016 en el mercado de Pola de Siero ha desembocado en la desarticulación de una trama de venta supuestamente ilícita de ganado vacuno. La operación, emprendida por el Grupo Roca de la Guardia Civil de Gijón, con base en Avilés y dedicado a la persecución de los delitos en el medio rural, ha concluido con la detención e investigación de doce personas, dos de ellas en Asturias. Su actividad presuntamente delictiva se sustanciaba sobre todo en la alteración de los crotales (la pieza de plástico con la que se identifica de forma individual a cada animal), como estrategia de amparar la venta de reses que no tenían aseguradas las condiciones para ser consideradas aptas para el consumo humano.

A los detenidos se les imputan supuestos delitos de estafa, contrabando, falsedad documental y organización criminal, y se estima que habrían obtenido un beneficio superior a los dos millones de euros también alterando la trazabilidad o acogiéndose a subvenciones de forma fraudulenta.

La operación se inició en 2016 en Pola de Siero, cuando la patrulla Roca de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón se percató de que una persona llevaba en el maletero de su coche varios crotales, que equivalen al documento de identidad de cada animal y deben acompañarlo desde el nacimiento hasta la muerte para conocer las circunstancias de su cría y salud.

Aunque los "pendientes" localizados en el vehículo tenían la apariencia de ser nuevos y estar dispuestos para su colocación en los terneros que fueran a nacer, los agentes se percataron de que tenían pequeñas muescas que hacían suponer que ya habían sido usados.

A raíz de la apertura de la investigación, se constató la existencia de un grupo de personas que podrían estar retirando los crotales asignados a un ternero cuando fallecía de forma temprana. En lugar de notificar esta circunstancia, se guardaban el identificador hasta que, llegada la edad propia para el sacrificio, se le colocaba a otro ternero "comprado en el exterior a precio mucho más bajo", indica la Guardia Civil.

De esta manera, la red obtenía "grandes beneficios", ya que se habían ahorrado el coste de mantenimiento y todos los tratamientos veterinarios que hubieran podido ser necesarios. Además, estos animales podían proceder de explotaciones fuera del territorio nacional, por lo que se desconocían sus condiciones sanitarias. Asimismo, se cree que la organización también obtenía beneficios por la percepción de subvenciones en función del número de cabezas de una explotación, las condiciones de cría de la misma o especificidad de una raza concreta, entre otras variables, con los terneros que habían fallecido y habían simulado su cría en las explotaciones ganaderas. La actividad ilegal se comprobó con multitud de pruebas analíticas, quedando acreditados más de doscientos casos.

Los agentes aclaran, no obstante, que todas las reses que terminaron en la cadena de consumo humano pasaron todos los controles sanitarios obligatorios en los mataderos donde fueron sacrificadas.