El Gobierno del Principado ha "matizado" el decreto que regula los precios de las viviendas públicas en alquiler para que la suma de la renta y los gastos de comunidad no supere el treinta por ciento de los ingresos de los inquilinos. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, incluyó el dato en su réplica a la pregunta en la que la diputada de Podemos Rosa Espiño cuestionó ayer el trato que la administración autonómica dispensa a sus arrendatarios. Cifró Varela en 84 euros el precio medio del alquiler y defendió la "ejemplaridad" de su política de vivienda en constancia de que "le pedimos mucho" a la empresa pública que la gestiona, Vipasa, con su dimensión y sus posibilidades limitadas.
"Con los recursos que tenemos, más no se puede hacer", afirma la Consejera, que cuenta 1.220 comunidades de vecinos repartidas por todo el territorio, casi 10.000 viviendas y sólo 638 edificios en las que la propiedad es íntegramente del Principado, "más fáciles de gestionar que aquellas en las que los inquilinos de Vipasa conviven con propietarios" ordinarios.
Varela comprometió para esta legislatura la carta de derechos y obligaciones de los usuarios de viviendas públicas que en su intervención le reclamó Espiño para acompañar su denuncia sobre el "desamparo" de los arrendatarios que deben afrontar gastos de reparación y mantenimiento o derramas que no les corresponden. "Se han convertido en el peor casero que un inquilino puede tener en Asturias", remató. "Así lo perciben los usuarios".
