"Tengo una patología que me produce bloqueo, me cuesta seguir el ritmo", adujo ayer, antes de romper en llanto, la abogada Ana María R. F., acusada de apropiarse del dinero de una treintena de clientes entre 1999 y 2013. La presidenta de la sección segunda de la Audiencia Provincial, Covadonga Vázquez, decidió suspender el juicio hasta hoy miércoles ante las crecientes dificultades de la letrada, que minutos antes había pedido un receso de cinco minutos para medicarse. La abogada asegura que toma 18 pastillas diarias para tener a raya sus dos patologías, un trastorno disociativo de la personalidad cluster B, y un trastorno bipolar. Aseguró que está a tratamiento desde 2011. Por lo demás, negó haberse quedado con dinero de sus clientes. "A unos les pedí prestado 53.000 euros porque estaba muy mal económica y psicológicamente", admitió. Sin embargo, en julio de 2013 sufrió una crisis que obligó a su internamiento y no pudo devolverlo.

Ana María R. F., que se enfrenta a una petición de condena de diez años de prisión, inhabilitación para ejercer de abogada durante 14 años, una multa de 67.500 euros e indemnizaciones por importe de 1,3 millones de euros, asegura que ha sufrido hasta tres intentos de suicidio, uno tras ingerir 120 pastillas y otro arrojándose desde un tercero en Piedras Blancas, del que solo se salvó al tropezar con el tendal del primero piso. "Quiero terminar con esto y disfrutar de mis nietos", indicó antes del juicio.

La defensa, a cargo de Marcelino Tamargo, pidió incluir informes psiquiátricos recientes de la acusada y una documentación económica que según él demuestra que no se apropió de cantidad alguna de la sociedad. La letrada que defiende los intereses de ésta pidió que se declaren prescritas varias de las piezas del caso. La letrada Ana G. Boto que defiende a varios perjudicados, pidió incluir a varios peritos, pero el tribunal los rechazó. Sobre la prescripción se pronunciará más adelante.

En su declaración truncada, la abogada acusada no admitió que firmase determinados resguardos de depósito en los tribunales ni que amañase autos judiciales para engañar a los clientes y sacarles dinero. Cuando sí admitió que las firmas eran suyas, fue para indicar que el dinero lo cobró la sociedad que tenía con el abogado Miguel Ángel B. S., personado como acusación particular, bajo la dirección letrada de José Ramón Nistal. La letrada intenta convencer al tribunal de que algunos asuntos que le atribuyen son del otro letrado. Esta mañana continúa su declaración.