"Actuaba el exconsejero (José Luis Iglesias Riopedre) como un verdadero comercial de la empresa de su hijo, como el verdadero gerente de la empresa", sostiene la acusación popular ejercida por Podemos en el recurso de oposición presentado ante el Tribunal Supremo contra los esgrimidos por los condenados en el "caso Marea". El diputado regional de este partido Daniel Ripa presentó el documento en el Senado en Madrid y aprovechó para pedir la dimisión del senador Vicente Álvarez Areces, "que ha dejado una estela de saqueo", como muestra, dijo, la condena de su mano derecha Riopedre en el "caso Marea" y la reclamación de 137 millones por parte del Tribunal de Cuentas en el "caso Musel". "Hay que acabar con la impunidad", añadió Ripa. En el escrito se hace referencia a las escuchas que demuestran que el papel de Riopedre era crucial, lo que desmiente su pretensión de que era la exdirectora general María Jesús Otero la que manejaba las contrataciones.

El recurso, firmado por el letrado Alberto Suárez, defiende la idoneidad de las escuchas impugnadas de forma unánime por los condenados, ante "el riesgo real de que se paralicen", indicó Ripa. Para Podemos, la medida de las escuchas "fue proporcionada, adecuada al objeto de la investigación y justificada, siendo además justificadas todas las prórrogas y resto de intervenciones telefónicas". Por los mismos motivo, defiende la legalidad de las entradas y registros en las viviendas y despachos de los implicados.

Alberto Suárez también rechaza en su escrito que se hayan producido dilaciones indebidas, tal como aducen varios condenados, entre ellos Riopedre. "Se trata de una causa compleja que ha tenido una instrucción larga, sí, pero también necesaria", señala.

En cuanto a Otero, "resulta claro que la recurrente actuaba con total conocimiento y aquiescencia de Riopedre, su superior jerárquico, y hasta que estalló todo este caso, su amigo. No puede pretender ahora resultar libre de toda responsabilidad basándose en una supuesta obediencia debida, pues conocía y participada de todas las acciones ilegítimas que estos practicaban. En nuestras conclusiones finales la definíamos como una especie de 'Consiglieri' o mano derecha del consejero, haciendo un paralelismo con la mafia siciliana (...) ejecutaba las órdenes de Riopedre, pero también hacía sus propios 'trabajos', prueba de ello es el patrimonio acumulado".