Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado desaconsejan que el dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad del GITPA, la empresa de la llamada "trama del cable", haga uso de los correos electrónicos anónimos que se recibieron en el parlamento y que informaban sobre contrataciones supuestamente fraudulentas de la compañía. El informe de los letrados entiende que la referencia a ese material podría hacer incurrir a los diputados en un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Los otros correos recibidos en la comisión, aportados por los trabajadores de GITPA María Ángeles Cigarría y Héctor García Hevia, sí pueden ser usados sin vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones.
La comisión de la "trama del cable", que fue suspendida la semana pasada para aclarar estas dudas jurídicas, tampoco celebró la sesión de ayer una vez que Ciudadanos, con el apoyo de Foro, IU y PSOE, pidió tiempo para analizar el documento. Ante el retraso en la conclusión del dictamen que eso puede generar, Podemos solicitó que la cámara habilite los miércoles de junio para que las conclusiones finales puedan estar listas antes del final del periodo de sesiones.
