Josefa, Pepa, García Lorente es abogada y discapacitada debido a una enfermedad congénita. Pero ademas es miembro del Colegio de Abogados de Madrid y representante de la Abogacía Española en el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Y por todo ello viajó hasta Asturias para, de alguna manera, "amadrinar" la nueva Comisión de discapacidad y dependencia del Colegio de Abogados de Oviedo.
Su historia es de superación. Nació en Paterna Del Madera (Albacete) y no fue hasta ya mayor cuando se trasladó a Madrid con una hermana y empezó a estudiar. En diez años hizo el graduado escolar, el bachillerato, el antiguo COU y los cinco años de carrera. Se licenció en Derechos en 1982, con 33 años. Ella misma ha relatado en varias ocasiones que "a esa edad, mujer y minusválida" era muy difícil que la contrataran en ningún despacho de abogados. Así que se instaló por su cuenta. A día de hoy acumula varios premios, menciones y reconocimientos, entre ellos la gran cruz al mérito en el servicio a la abogacía de 2017.
- ¿Cuál es la misión de estas comisiones y foros de la abogacía?
-La primera informar. Todos podemos ser dependientes aunque no seamos discapacitados, y el problema es que el ciudadano en general desconoce los derechos propios y más en esos casos tan específicos. Así que lo primero es informar y después defender, porque si no se sabe a qué se tiene derecho y qué se puede reclamar, no se puede ir más allá.
-¿Cuál es el aspecto jurídico más complejo en el caso de la discapacidad?
-La incapacidad civil, que es cuando se nombra a un tutor que sustituye la voluntad de la persona. Eso es terrible. Desde el año 2008 la Convención Internacional de Discapacidad establece que todas las personas tienen capacidad política, aunque algunas tienen derecho a protección y salvaguarda. A este modelo es hacia el que tenemos que avanzar. Una persona puede necesitar apoyo para determinadas actividades o facetas, pero no para todo. ¿Por qué hay que incapacitar a una persona porque necesite una formación especial? O, ¿por qué hay que incapacitarle para administrar todo su patrimonio y no dejarle una determinada cantidad, o respetar su derecho a votar?
- Lo que usted plantea supone un vuelco legislativo.
-Sí. Pero las leyes cambian por el impulso de la sociedad. Da mucho miedo mover el Código Civil y estructuras muy asentadas, pero hay un número ingente de personas incapacitadas legalmente.
- Pero son las familias las que solicitan la incapacidad.
-Sí, porque para percibir prestaciones públicas se exigía esa incapacitación. Y entonces se dan situaciones como personas con síndrome de Down que viven independientes y trabajan, pero no puede invertir en nada, ni votar, ni nada de nada.
- ¿Y las personas que sufren problemas de salud mental?
-Depende del problema, pero en general, cuando tienen un brote de cualquier tipo la medida que se adopta es la del internamiento, cuando muchas veces lo que necesitan es un tratamiento y un seguimiento. En lugar de eso, intervienen el abogado y el juzgado y se autoriza a un familiar para que sea quien decida que se le interne y lo puede mantener en esa situación el tiempo que quiera. Es cierto que con control judicial, pero tenemos a muchas personas en esta situación.
- ¿Quizás es que este tipo de enfermedades generan temor?
-Sí, porque si se habla de un problema de salud mental la sociedad lo relaciona con un locos peligrosos, y no es así. Es una persona con una enfermedad, pero que tiene derechos y hay que respetarlos. Lo que hay que controlar es su salud, pero la legislación hace que se le prive de todos los derechos.
- En muchos casos la discapacidad y la dependencia van de la mano.
-Ahora surgen problemas con las personas mayores que están en residencias. Las hay que ingresan de manera voluntaria, pero incluso así aumentan los casos en los que se tramita la incapacitación. ¿A alguien se le ocurriría hacerlo si estuvieran en casa?
- Usted plantea un cambio de modelo difícil de explicar a la sociedad.
-Pero hay que hacerlo. Por ejemplo, tenemos que avanzar hacia la figura legal del guardador de hecho, que está reconocida desde 2015 y muy poco explotada porque es una gran desconocida. Eso permite tener el control en la administración pero sin eliminar todos los derechos que tiene una persona. Y tenemos que explicarle al afectado qué derechos tiene y en qué consiste esa figura de apoyo.
- ¿Y cómo se hace eso, por ejemplo, en el caso de una discapacidad mental?
-Ustedes en Asturias tienen el sistema de lectura fácil, para hacer comprensible una sentencia a esas personas. La accesibilidad no es sólo que no haya escaleras, bordillos y complicaciones en la movilidad, sino que implica también la comunicación accesible para que todas las personas puedan adoptar decisiones en su vida, en su entorno, decidir qué quieren hacer y qué quieren que se haga, cómo quieren que se les ayude.
- ¿La abogacía y la judicatura están preparadas para todo esto?
-Se está avanzando, muy lentamente, pero se avanza. Nos queda mucho por recorrer y es cierto que nos tenemos que formar como profesionales. Por eso es tan importante la comisión que pone en marca el Colegio de Abogados de Oviedo.
