La ley de Transparencia y Buen Gobierno, aquella misma que estuvo prevista para entrar en la Junta en el primer semestre de 2013, va cinco años después camino de un infrecuente acuerdo en este parlamento fraccionado que necesita del consenso para legislar. El día 21, en su próxima reunión, la ponencia prevé dar los últimos retoques a la exposición de motivos que antecede a un articulado hecho de acuerdos y cesiones de los grupos en el que se admite la controvertida esencia de la denuncia anónima de casos de corrupción, pero también otro puñado de preceptos entre los que incluso cabe una exigencia preventiva, un requerimiento de diseño de un "plan de prevención de la corrupción" con la identificación de un "mapa de riesgos" en esta materia para todas las instituciones y organismos públicos que son sujetos de la ley.
La nueva normativa autonómica, que en los plazos más optimistas prevé someterse a la evaluación del pleno de la Junta en las primeras sesiones de septiembre y entrar en vigor tal vez entre finales de este año y comienzos del próximo, atribuye esta competencia precautoria al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que la ley atribuye, entre otros, el cometido de aprobar, cada dos años, un plan de prevención de la corrupción para cada organismo aludido. Caben aquí el Principado y sus consejerías, los ayuntamientos, las empresas con participación pública o la Universidad.
El texto consensuado de la norma requiere del pleno del Consejo de Transparencia la aprobación de un plan que incluya al menos "el mapa de riesgos de la organización" -desglosada por consejerías en el caso del Principado-, la "probabilidad de ocurrencia" de estos supuestos "en las diversas áreas funcionales" de cada institución y "las acciones de control propuestas para su reducción".
La estrategia preventiva ha entrado a propuesta de IU en el articulado de una ley que ha debido encajar piezas y propuestas divergentes y convertir en una las propuestas legislativas contra la corrupción que al menos habían planteado el Gobierno, Podemos y Cs, si bien la iniciativa del grupo naranja para fortalecer la Inspección General de Servicios sigue su proceso de tramitación independiente.
"Indemnidad"
En el texto consensuado hay aportaciones y cesiones variopintas. Se acepta un registro de lobbies o grupos de presión, se regulan las cuentas abiertas de la Administración y surge ese Consejo de Transparencia que no dependerá de la Junta -eso pedía Podemos-, pero tendrá con el Principado una vinculación orgánica laxa, circunscrita a cuestiones presupuestarias y de personal. Ciudadanos logró la inclusión de un estatuto del denunciante en el que la Administración le reconoce derechos a la "confidencialidad" -no hará nada que pueda conducir a su identificación- y a la "indemnidad" -se compromete a no tomar represalias contra él-. En esencia, este asunto espinoso queda resuelto con la admisión de denuncias anónimas si así lo permite la ley estatal, pero prohibiendo en todo caso a la Administración la identificación del denunciante.
