La reforma de la ley electoral ni está ni se la espera para las elecciones autonómicas de 2019. El grupo de trabajo creado en la Junta General para explorar la modificación de la normativa regional cumple un año sin reunirse y el bloqueo, que también afecta a la modificación de la ley orgánica de régimen electoral general (LOREG) en el Congreso de los Diputados, impedirá que haya novedades sustanciales en el modelo de las elecciones a la presidencia del Principado.
A la segunda tampoco será la vencida. La reforma de la ley electoral asturiana cumple su segunda legislatura consecutiva en el parlamento regional sin que las comparecencias y trabajos de los distintos grupos vayan a dar fruto alguno. La modificación de la normativa electoral que debe regir las elecciones a la presidencia del Principado formó parte del acuerdo de investidura de Javier Fernández, en 2015, entre el PSOE e IU. En dicho acuerdo se planteaba que la reforma de la ley electoral sería "la primera iniciativa legislativa" que presentasen ambos grupos parlamentarios en esta décima legislatura autonómica y ambas fuerzas comprometían "igualmente su voto a favor", siempre que la nueva ley fuera apoyada por tres quintas partes del arco parlamentario, esto es por 27 diputados regionales.
Llave de dos investiduras
La primera parte del compromiso se cumplió y la negociación política en la Junta General sobre la reforma electoral arrancó en los inicios del primer período de sesiones. Los trabajos no arrancaron de cero ya que se aprovechó el contenido de una proposición de ley "heredada" de la anterior legislatura, cuando había sido promovida a instancias de UPYD, que también puso la reforma electoral como condición para apoyar la investidura de Javier Fernández tras las elecciones autonómicas de 2012. Además de las reuniones del grupo de trabajo hubo https://www.lne.es/asturias/2017/06/14/cs-fuerza-reforma-electoral/2120184.htmlcomparecencias de politólogos y juristas para tratar de buscar una fórmula que aumentara la proporcionalidad del voto. La labor proactiva correspondió a IU y a Ciudadanos, con el PSOE a la expectativa y Podemos forzando la máquina con iniciativas tales como la introducción de la limitación de mandatos tanto para el presidente del Principado como para los diputados, con un máximo de 8 años. PP y Foro se mostraron como las fuerzas más refractarias a la reforma y defendieron el modelo actual con tres circunscripciones, que prima la representatividad de las alas ya que cuesta más votos sacar un diputado en la zona central (donde reside casi el 80 por ciento de la población) que en las áreas occidental y oriental.
La alternativa planteaba un modelo mixto en el que 35 diputados se repartían entre las tres circunscripciones (central, occidental y oriental) mientras que los 10 restantes se asignaban en una circunscripción autonómica por el método Saint-Lague, de cocientes mayores. Los electores tendrían la posibilidad de dar un voto preferencial a cualquier miembro de la candidatura. Pero el grupo de trabajo para la reforma se reunió por última vez el año pasado, por estas mismas fechas, cuando se optó por esperar a los movimientos que se produjeran en el Congreso sobre la reforma de la LOREG. "Todo está parado", afirma la diputada autonómica de Ciudadanos, Diana Sánchez. "En Asturias al PSOE no le interesa introducir ninguna modificación al modelo actual y PP y Foro no quieren tocar nada, como se vio en el pleno de esta semana al negarse a reformar la ley de la Sindicatura", añadió la parlamentaria del partido naranja, que da por "prácticamente muerta" la reforma para esta legislatura. Diana Sánchez atribuye el bloqueo, tanto en Madrid como en Asturias, de las respectivas reformas electorales a los intereses del PSOE y el PP: "El bipartidismo sigue funcionando a día de hoy y se aprecia en esas resistencias". Otras fuentes parlamentarias plantearon que el PSOE quiere evitar cambios inmediatos en la ley electoral asturiana que puedan ser interpretados como un "caramelo envenenado" para su nuevo candidato, Adrián Barbón.
