Irradia energía. Y falta le hace ante la frenética carga de trabajo que lleva meses afrontando la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Melania Álvarez García (Carreño, 1979) no da signos de agotamiento pese a al aluvión de solicitudes y consultas en su departamento: una tarea multiplicada por la pandemia de covid y sus consecuencias socioeconómicas. A ello hay que añadir las intensas quejas por demoras en asuntos relevantes, como la valoración de la discapacidad o las ayudas al alquiler. La también portavoz del Gobierno del Principado aporta explicaciones a las mismas, pero asume su responsabilidad y la necesidad de profundos cambios, y reconoce situaciones problemáticas sin tapujos.
–Recientemente se reunió con los afectados por la demora en las ayudas al alquiler. ¿Qué sensación le dejó el encuentro?
–Me dio sosiego. Creo que encontramos la vida real, tal y como la conocemos, porque no es que estemos lejos de ella. Lo que nosotros pensamos coincide con lo que ellos piensan. Aquí vivimos permanentemente poniéndonos en el lugar del otro. Y encontramos complicidad con ellos. Nos dijeron que es un problema evidentemente de dinero, de que lo necesitan, pero aún más de comunicación, de que nos hubiésemos adelantado en darles la información. Y eso me hace reflexionar en el cómo nos relacionamos con las personas a las que nos dirigimos. Es un aprendizaje bueno. Necesitamos la complicidad de toda la máquina administrativa, de los jefes de servicio. Soy muy machacona en eso y les digo lo mismo: todo lo que hacemos o no hacemos impacta en miles de personas. Porque hablamos de que el bono social térmico es para miles de personas; las ayudas al alquiler, lo mismo... Siempre hablamos de miles de personas.
Vamos a revertir la espera para valorar la discapacidad, y si hay que recurrir a la iniciativa privada, lo haremos; aunque por ahora estamos negociando con el Sespa un refuerzo de los equipos
–¿Por qué se produjo una demora tan grande en la publicación de las listas de beneficiarios de estas ayudas?
–Porque quisimos y pudimos llegar a la totalidad de personas que cumplían los requisitos para obtener esa ayuda. Y llegar a eso requiere un tiempo. Ellos lo entendieron cuando se lo explicamos.
–Pero comprenderá usted que hay familias que viven una situación dramática y un retraso de meses en cobrar la ayuda les mata.
–Sí, pero creo que el objetivo, teniendo en cuenta eso y que existen otros mecanismos de ayuda porque la protección social en Asturias da mucha cobertura, es llegar a más. Echando la vista atrás, en pasadas convocatorias quedaron fuera miles de personas que cumplían los requisitos. El objetivo era llegar a todos, y lo hicimos: tres millones más, casi doce en total. Y las ayudas se van a pagar.
–¿Los cambios que anunció en estas ayudas pueden garantizar que no volverá a repetirse la situación de demora?
–Cambia el escenario. En el caso de las ayudas al alquiler, en la actualidad tenemos que esperar a que estén todas las solicitudes que hayan entrado en plazo y esperar hasta el ultimo papel del último papeleo. Pero la nueva convocatoria va a ser abierta todo el año. No limitas a un plazo. Porque, por ejemplo, si pones de límite para las solicitudes el 17 de abril pero a alguien le vienen mal dadas el 18 de abril, no puede acceder ya a las ayudas. Esto nos va a permitir ir haciendo las concesiones directamente o en bloques más pequeños, no esperar a tener cuatro mil solicitudes y hacer el pago de esas cuatro mil. Eso es un cambio sustancial. Igual que el que se pueda ser beneficiario teniendo una deuda, una cuestión que se peleó mucho desde aquí y el Ministerio fue sensible para incorporarlo en el plan estatal. Y luego la línea abierta del bono joven para las personas más jóvenes. Se produce un antes y después en las ayudas, pero también en el cumplimiento de la ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, porque el salario básico tendrá un complemento para vivienda.
–Son muchas correcciones a la forma de tramitar las ayudas.
–Y en la relación con las entidades sociales pasa lo mismo. Venimos de una trayectoria de muchos años con un acuerdo marco de referencia, básicamente la ley de contratos. Y la aplicación de la ley de Acción Concertada es un antes y después. Garantiza un escenario financiero estable para las entidades, y la Administración tiene que pagar el coste real de la plaza, independientemente de los incrementos de costes que se puedan producir. Eso viene a mejorar la gestión y agilizarla, que es imprescindible.
La pandemia supuso un revulsivo en la relación con las empresas de residencias de mayores, y hay que aprovecharlo para el cambio de modelo de atención
–Y esto entronca con la llamada de socorro de las residencias geriátricas privadas para que se actualice lo que se les paga por las plazas concertadas. ¿Se les va a hacer caso?
–Entendemos nuestra relación con el sector privado como de colaboración. Es evidente si vamos al número de plazas en concierto del ERA. Está claro, son muchas. Hay dos claves: precio por plaza y sostenibilidad del sistema. Ahí ellos saben que trabajamos en la actualización de ese precio y en varias vías, siendo conscientes de que son medidas que se incorporan en el plan de choque en dependencia. Y otra cuestión importante es que si establecemos un cambio de modelo en cuidados de personas de larga duración, que se cacarea mucho en esta región que hay que cambiarlo, cada persona que dice que hay que ir a ello se dé cuenta de que el cuidado cuesta y va a suponer inversiones. A la actualización del precio por plaza hay que añadir las prestaciones vinculadas al servicio de personas dependientes que acceden a un centro residencial o de día: se incrementa un 50 por ciento, que no es menor.
–El bono térmico…
–Ya se está pagando (aplaude).
–Y por lo que veo está muy satisfecha por ello.
– A ver, sí... Aplaudo porque hubo muchas dificultades. Voy a explicar lo vivido en esta casa durante los últimos años. Se venían tramitando diferentes prestaciones, convocatorias de ayudas... Y en 2019-20 llegan 30.000 expedientes del bono social térmico. Y hubo que tramitar el fondo covid de servicios sociales... Se incorporaron cosas muy nuevas. El último ejemplo, las ayudas a la natalidad, que se van a tramitar aquí y estimamos que, con ellas, llegarán otros 4.000 expedientes al “saco”. Tuvimos que ir amoldándonos a muchas cosas que conviven con la tramitación ordinaria que ya venía realizando la Consejería. Y luego está la implantación del plan de choque en el ámbito de valoración de la dependencia, que dio buen resultado y es el paradigma donde nos tenemos que fijar: no es tanto el dotar de recursos como la organización. Hace falta ahondar en ello y sentaremos las bases para ello en el año que nos queda.
–También han acumulado enormes retrasos, de varios años, las valoraciones del grado de discapacidad. ¿No es intolerable?
–Es que lo digo yo: es intolerable. Lo digo allá donde voy: ahora mismo sitúo el principal problema de la Consejería en relación con la ciudadanía en la valoración del grado de discapacidad. Básicamente, hay más de 13.000 personas acordándose de mí todos los días. Hay que ser claros. Y tienen razón. Es el ejercicio de derechos. Y ahora dirán: “Dirás que te hierve la sangre, pero haz algo”. Y algo estamos haciendo. Y algo se nota.
–¿Qué es lo que han hecho?
–Primer paso, reforzar los equipos en los centros de valoración. Lo hicimos y la primera barrera es que no hay médicos disponibles. Estaba entonces saturado el sistema de salud. A finales de 2021 se empiezan a incorporar y nos permitió, en el caso de Avilés por ejemplo, bajar la lista de espera casi doce meses en apenas cuatro meses. Va dando sus frutos. No podemos conformarnos con eso porque no es suficiente. Sí podemos decir con claridad que las valoraciones urgentes se atienden siempre. Pero esta problemática no es nueva y es compartida con el resto de comunidades, dado que hay un baremo de valoración complejo.
–¿Hay alguna solución estructural?
–En la atención a las personas, y sobre todo en algo con este nivel de demora, si tenemos que ir a la iniciativa privada, colaboraremos con ella. Pero, por el momento, estamos intentado cerrar con el Sespa un acuerdo para la valoración de la discapacidad con la idea de que nos puedan reforzar. Y lo digo claro: vamos a revertir esa espera en las listas de discapacidad. Si lo hicimos en dependencia, que moría la gente sin ver los resultados de su resolución o, peor aún, llegaba su resolución a la familia días después de haber fallecido, lo vamos a hacer con la discapacidad antes de un año.
–Habló de las ayudas a la natalidad. El País Vasco ha anunciado unas ayudas mucho más ambiciosas en cuantía y, sobre todo, que no limitan tanto el umbral de renta para su cobro. ¿No teme que un límite de renta por familia de 45.000 euros pueda dejar fuera a parejas a las que se les animaría a tener hijos con la ayuda?
–Hay que entender que las comparaciones a veces son odiosas. No partimos de la misma realidad que el País Vasco en lo económico. Las ayudas a la natalidad se pusieron en marcha con este umbral de renta en Asturias, de 45.000 euros, con la estimación de alcanzar al 80 por ciento de los que podrían acogerse. Estamos ahora mismo en unas 700 solicitudes y habrá que valorar para la elaboración del próximo presupuesto cómo han ido y el alcance que tuvieron. Hay que medir el impacto de lo que hacemos.
Hay ahora mismo 700 solicitudes de las ayudas a la natalidad, tenemos que valorar su alcance
–¿Y cómo va la espera en la valoración de la dependencia tras haber resuelto problemas?
–En el conjunto de áreas sanitarias, bien. Estamos tramitando, por ejemplo, en cuatro meses en el área VII (Mieres). Eso está bien. Pero tenemos alguna dificultad en el área VI (Oriente), no tengo problema en decirlo.
–Tanta problemática en tramitaciones y líneas de ayuda hace pensar que quizás haga falta una solución global en la Administración. ¿Es así?
–El conjunto de la Administración somos plenamente consciente de que son necesarios cambios y, de hecho, hay una ley tramitándose en el Parlamento, que espero que vea la luz más pronto que tarde. No podemos concebir una sociedad que vive en la era de Amazon y que tengamos una Administración que no se enteró todavía de por dónde caen. Eso casa muy mal y se hace difícil de gestionar. Incluso por la propia legitimidad del sistema. No ver que nos tenemos que acomodar al ritmo de a quien servimos... Porque la parte de vocación de servicio a veces se olvida, y no se puede olvidar. Es fundamental en el ámbito de lo social y en el resto de ámbitos. Nuestros trabajadores son empleados públicos, servidores públicos. Es así y conviene recordarlo.
–¿Es cuestión de que hacen falta más funcionarios o quizás hay que cambiar el enfoque y eliminar trabas burocráticas?
–Es cuestión de organización. Lo tengo claro como el agua porque lo vivimos aquí en esta casa. Intento predicar con el ejemplo. Hay que tomar decisiones y a veces pueden resultar incómodas. Pero aquí venimos a tomar decisiones. Nosotros cerramos el Materno-Infantil. Tomamos esa decisión dentro de lo estratégico de las políticas de infancia, para favorecer el acogimiento y no tener niños institucionalizados hasta los seis años. Había que tomar medidas. Hay que evolucionar. Habrá que tener un minirrecurso de urgencia, pero tener ese Materno-Infantil... ¿Para qué? Pues voy a contar dos frases muy significativas que me dijeron. “¿Tienes fuerza para hacer eso?”, fue una. Y hace poco: “No te creíamos mucho, pero lo hiciste”.
–¿Tan traumático fue?
–El proceso puede parecer sencillo: organizar un servicio y reubicar a la gente porque había que reforzar plantillas en centros de menores. Pero fue traumático dentro, y duró más de un año. Es engorroso. Pero hay que hacerlo y ya está. Estamos reorganizados y seguimos dando atención a los niños que lo necesitan en el momento que lo necesitan. Y ese es el objetivo. Siempre les digo lo mismo a los funcionarios que se van y a los que damos la bienvenida a trabajar en la Consejería. No podemos perder de vista el destinatario de las políticas que hacemos: el ciudadano, la ciudadana, las empresas, las familias... Hay mucho intermediario que ocupa mucho tiempo, y quizás tengamos que reinvertir el tiempo dedicado al intermediario y situarlo en el destinatario. Es una buena receta.
–¿Se ha sentido desbordada en algún momento por este aluvión de temas y problemas?
–Creo que no somos conscientes todavía de lo que llevamos vivido aquí. Quizás es por la densidad de la Consejería: diez mil viviendas, seis mil y pico plazas del ERA, cuatro mil y pico de la Dirección General de Mayores, centros de apoyo a la integración, centros de día, relación con las entidades sociales... Cada día hay algo que llega de sorpresa por mucho que planifiques. Así que creo que no somos conscientes de todo.
–La pandemia aceleró el debate sobre el modelo de residencias para mayores. ¿Cómo marcha el cambio de ese modelo?
–Con la pandemia hubo cierta cura de conciencia colectiva. El cambio ya está materializándose. En Arriondas estamos terminando una obra. La elaboración de esa estrategia fue un modelo que me gusta para replicar en el resto de la Consejería. En medio de una ola de pandemia y otra y otra... Nos sentamos en la mesa empresas, sindicatos, residentes, nosotros para ir determinando una estrategia. Si hablamos de dependencia no podemos hablar de una estrategia de modelo de cuidados de larga duración donde no esté la ayuda a domicilio, porque la gente quiere envejecer en sus casas. Más del 70 por ciento lo quiere. Eso no podemos dejarlo fuera. Y tampoco todo lo que tiene que ver con atención diurna. Así que ampliamos el alcance de la estrategia. Es un proceso complejo, a largo plazo –fijamos el horizonte en 2027–, y costoso. Eso está claro. Parece que nos quedamos con que las residencias tienen que ser más pequeñas, y eso es solo una parte.
El envejecimiento de Asturias brinda oportunidades para la economía de los cuidados; tenemos todos los mimbres para aprovecharlas, hay que creérselo
–¿Qué más hay?
–A mí me preocupa mucho más el cambio cultural y organizativo impresionante que van a tener que asumir profesionales, familias, personas residentes... Ahora estamos diseñando lo que van a ser unidades de convivencia pequeñas, y también definir los procesos de acompañamiento a profesionales. No solo en el sector público, también en el privado.
–¿Cómo piensa involucrar al sector privado?
–No concibo este modelo sin las empresas, porque más de la mitad de las plazas en Asturias no están en el ERA, y algunas de esas plazas también se llevan dinero del sistema de dependencia. La pandemia nos hizo sufrir, pero en este ámbito concretamente supuso un revulsivo en la relación con las empresas, con un trasiego de información continuo con doscientos y pico centros. Y no lo podemos perder ahora. Esto nos deja sentadas las bases de la hoja de ruta de aquí a diez años. Siempre dijimos que el cambio de modelo en cuidados de larga duración iba a estar apoyado en los fondos de recuperación, y así va a ser. Y está ultimándose el acuerdo de acreditación para el conjunto del Estado, que se aprobará previsiblemente el miércoles en el Consejo Interterritorial, y marca un horizonte a diez años al que tendremos que acompasar el nuestro. Este es un camino al que vamos a ir sí o sí, con lo que vayamos de la mejor manera posible.
–El envejecimiento no para y cada vez hay menos población activa y más dependiente en Asturias. ¿Le preocupa que sea insostenible para la Administración y, en concreto, para su Consejería?
–Esta consejera no va a tomar ninguna decisión que comprometa la sostenibilidad del sistema. Vamos a velar por garantizarlo. Y ahí van encaminadas todas nuestras decisiones. Es nuestra prioridad desde el minuto uno. Luego tenemos otra parte, para la que hay que sentar las bases y en la que vamos a trabajar hasta la saciedad el año que nos queda aquí: las oportunidades que brinda la economía del cuidado en esta región.
–Esa es la otra vertiente del envejecimiento. ¿Qué oportunidades económicas brinda?
–Es la otra parte que yo la visualizo. La veo. Es un mundo de oportunidades, algunas que conocemos ahora y otras que están por venir. Tipos de servicio o de recursos que van a surgir. Y eso lo tenemos que aprovechar en Asturias. Tenemos todos los mimbres. Hay que creérselo. Y yo me lo creo.
–Ejemplos, por favor.
–Ya no hablo solo de abrir residencias. No. Los centros sociales de mayores... ¿La persona que va a ellos ahora tiene las mismas expectativas que el que iba hace cinco años? Evoluciona todo tan rápido que las expectativas que tenemos en nuestros proyectos de vida van cambiando. Veo oportunidades en todo lo que tiene que ver con el ocio de las personas mayores, innovación tecnológica y sanitaria... Y aquí contamos además con las pensiones, una población envejecida pero con recursos, que otras comunidades no pueden decir lo mismo. Tenemos un sistema sanitario excepcional y un sistema de servicios sociales que da la talla. Es difícil explicarlo, pero yo lo veo claro. Ahora todo se asocia a que “la población envejece más y menudo lastre”. Pero hay que ver la otra parte, y avanzar en ella desde el punto de vista regulatorio. Sentar bases en el ámbito de la dependencia, de la evaluación de la calidad de los servicios y la proyección de los costes. Hay que proyectarlo porque va a ocurrir. Aunque partimos de un escenario financiero en atención a la dependencia muy diferente al de hace años dado que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperó el nivel acordado y nos permitió unos ingresos por encima de los previstos fruto, en parte, de la buena gestión del plan de choque.
