"Debería haber serenidad y sensatez para valorar la reforma del Estatuto sin polarizar el debate"

–Eche la vista cuarenta años atrás. ¿Qué ve?

–Unas administraciones que tenían un gran reto, con todo por hacer, y se enfrentaban al enorme desafío de sacar adelante y desarrollar las competencias que acababan de recibir. A veces, nuestra memoria es muy cortoplacista y no nos damos cuenta de cómo estábamos hace cuatro decenios y cómo estamos hoy. Es verdad que la ciudadanía se vuelve exigente, y que las administraciones deben serlo también y buscar constantemente asuntos susceptibles de mejora, pero creo que podemos sentirnos muy satisfechos del éxito que ha tenido el autogobierno tal y como se ha desarrollado. Sin el estado de las autonomías, probablemente no tendríamos determinados servicios como los que disfrutamos en Asturias. Hablo de una red con ocho hospitales comarcales, o de escuelas rurales abiertas a partir de cuatro alumnos… Eso podría haber sido de otra manera. Se podrían haber establecido prioridades en otros sentidos.

"No se están usando argumentos sólidos a la hora de defender la oposición a la oficialidad"

–El Estatuto planteaba amplias posibilidades legislativas. ¿Se han aprovechado? ¿Qué grado de vitalidad le atribuye?

–Creo que sigue cumpliendo su papel, pero hemos entrado en un debate muy efervescente sobre la reforma que está polarizando bastante las posiciones. Es una pena, porque hace cuarenta años se pudo llevar adelante el Estatuto y hace 43 la Constitución gracias a que esos posicionamientos políticos estaban menos enconados y fue posible llegar a acuerdos. Hoy no debería ser ningún tabú o ningún sacrilegio hablar sobre las posibilidades de reforma de un documento como éste. Parece imposible que en cuarenta años no haya nada que se pueda introducir o modificar, porque la realidad ha cambiado. Debería haber la suficiente serenidad y sensatez para al menos valorar estas necesidades sin polarizar el debate en determinados puntos que pueden ser conflictivos.

–Hace cuarenta años, partidos muy distintos en un momento de gran sensibilidad fueron capaces de llegar a un acuerdo. ¿Siente envidia?

–Hoy las cámaras son mucho más plurales, y eso puede complicar mucho más los consensos y las unanimidades. A los hechos me remito en lo que llevamos de legislatura. Pero esto es la democracia, los ciudadanos eligen entre las formaciones que se presentan a los procesos electorales y eso hay que respetarlo. Con esos mimbres hacemos los cestos. No queda más remedio que el diálogo y el esfuerzo de cada uno por justificar sus propuestas.

–También había entonces muchas sensibilidades políticas distintas y hubo capacidad de ceder. ¿Les falta de eso ahora?

–Cuando hay interés por llegar a un acuerdo, dejas de lado, o en una orilla, todo aquello que sabes que va a ser imposible que sea aceptado por otras partes. Lo hemos visto aquí, en la Junta. No hace tanto que tuvimos presupuestos aprobados por el PP. ¿Por qué? Porque orillaba aquellos aspectos que sabía que el PSOE no iba a aceptar. Esa es la manera. Pero si quieres tener una justificación para no alcanzar un acuerdo, siempre la vas a encontrar.

"Me apena que debates interesantes se diluyan por un enfrentamiento sobre si se habla o no asturiano en la Junta"

–La reforma. ¿Por qué ahora?

–Ha habido otros intentos. Ahora, todo el debate se está centrando en la cooficialidad del asturiano y me apena que no se tengan en cuenta otros aspectos susceptibles de modificación, asuntos de los que no se habla o se habla muy poco. Hay determinadas rigideces en el Estatuto actual, por ejemplo, que se pueden suprimir, por innecesarias, y potenciar mecanismos institucionales en las relaciones entre la Junta, el Presidente y el Consejo de Gobierno. Existen también limitaciones en la disolución anticipada de la cámara y se puede dotar al Consejo de Gobierno del instrumento del decreto ley, siempre salvaguardando el equilibrio de poderes y sin que sea una “barra libre”, o reforzar el papel de los ayuntamientos en la arquitectura institucional del Principado. Aquellos que centran este debate en la cooficialidad hacen un análisis muy superficial.

–Ahora es cuando le pregunto por la “oficialidad amable” que preconiza el PSOE y si eso puede existir, si en un asunto tan sensible es posible evitar que se generen conflictos.

–No soy jurista, pero incluso entre los expertos hay visiones distintas. Lo que no me gusta es la superficialidad con la que se trata el tema. En la cámara y fuera de ella se escuchan muchas veces cosas que no son ciertas. Me explico. Debemos coincidir en que cualquier lengua pasa por un proceso de normalización, y cada uno puede defender sus postulados, y hablar si quiere del posible coste que tendría la medida, pero tengamos un rigor técnico al menos razonable. Creo que no se utilizan argumentos sólidos a la hora de defender los postulados de los que están en contra. Yo no me encuentro capacitado para valorar si puede haber una oficialidad amable. Tenemos en el Tribunal Constitucional al organismo encargado de salvaguardar cualquier intento de saltarse la Constitución, y debemos tener claro que una reforma del Estatuto puede decidir si una lengua se incluye como oficial o no, pero el modelo se establece a través de una ley. Y las leyes donde se aprueban es en la Junta.

Marcelino Marcos Líndez, presidente de la Junta. IRMA COLLIN

–Hay expertos que sostienen que la cooficialidad generaría derechos y deberes de forma automática una vez que quedara consagrada en el Estatuto.

–No lo sé. He leído y escuchado de todo, y cualquier cosa que diga no dejará de ser una opinión que no aporta nada. Si el Gobierno traslada que lo que está buscando es un modelo que tratará de preservar la esencia cultural de un patrimonio inmaterial no tengo por qué dudar de que intentará evitar ese carácter de imposición que se está tratando de trasladar.

–Le leo el Estatuto: “El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje”. Añade que “una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable”. Esa ley existe. Hay quien se pregunta si para proteger la llingua no es suficiente todo esto.

–Es opinable. Esto es un debate que en el seno del PSOE se suscitó en el último congreso y se decidió mayoritariamente que había que avanzar hacia la cooficialidad. Se consideró que para avanzar más de lo que establece la ley de uso debemos ir hacia la cooficialidad y no tengo nada más que decir, porque si no, no estaría en el PSOE.

"Con sus salvaguardas, el decreto ley puede dar efectividad a la autonomía; el ciudadano pide que le hagan la vida más sencilla"

–Ha sufrido en carne propia el enardecimiento que la llingua sigue generando dentro de este parlamento. ¿Cómo lo ha llevado?

–Me da mucha pena que debates sobre asuntos interesantes se diluyan por un enfrentamiento sobre si se habla o no en asturiano en la Junta, o sobre si el asturiano es comprensible o no… Fuera de los intereses políticos legítimos que puedan tener las formaciones que traen este asunto me parece que no aportan nada. Son discusiones artificiales.

–Más allá de la oficialidad, la propuesta de reforma estatutaria del PSOE también habla de incorporar nuevas competencias. ¿Hacia dónde?

–Se habla de algunas, pero debemos tener en cuenta que eso no es automático. Conlleva un proceso de negociación y una comisión entre el Estado y la comunidad autónoma, entre otros motivos porque la asunción de competencias tiene un coste y eso lleva consigo una discusión. Desde mi punto de vista, puede ser interesante, siempre y cuando se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Al menos, que se hable de ello.

"Podemos sentirnos muy satisfechos del autogobierno tal y como se ha desarrollado"

–La mención del decreto ley ha tensionado a la oposición.

–Cuando estás en la oposición, te generan tensiones asuntos que tal vez te pueden pasar desapercibidos en los sitios donde gobiernas. Es evidente que tiene que haber salvaguardas, pero también que se puede dotar al Gobierno de este instrumento preservando el equilibrio de poderes. Todo tiene su regulación, y decir que la figura del decreto ley va a dar tabula rasa al Gobierno para poder hacer lo que quiera es ser muy simplista. Este es un instrumento que a una comunidad autónoma le puede dar efectividad a la hora de llevar adelante determinados aspectos que se alargarían y complicarían mediante la regulación por la vía del proyecto de ley. No sé si nos damos cuenta, pero el ciudadano pide agilidad, que le hagan la vida más sencilla.

–Da la impresión de que el debate lingüístico se lo come todo. ¿Eso puede ser un obstáculo para el consenso y dar al traste con la reforma?

–Para llevar adelante esta reforma, el consenso son 27 diputados... Lo estamos viendo en el debate, el resto del contenido se orilla. Sólo se habla de la cooficialidad, y lo que me apena es que eso genera opinión, una corriente en la que da la sensación de que en la cámara solo se está hablando de cooficialidad sí o no, y que el resto de aspectos no son interesantes o importantes para el día a día de los ciudadanos. Eso no es justo, porque tampoco es cierto.