Hace 40 años fue sancionada por el Rey Juan Carlos I el Estatuto de Autonomía para Asturias, cuya aprobación por las Cortes se había producido dos semanas antes, cuando tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación final de totalidad de la correspondiente Ley Orgánica, con el siguiente resultado: votos emitidos, 288; 279 favorables; 2 negativos; 7 abstenciones.
A continuación explicaron los votos de los grupos parlamentarios en dicha sesión de 15 de diciembre, por este orden, el diputado del Grupo Comunista Horacio Fernández Inguanzo (a favor), el del Grupo Socialista Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (a favor), el del Grupo de Coalición Democrática Juan Luis de la Vallina Velarde (abstención) y el del Grupo Centrista Emilio García-Pumarino Ramos (a favor).
Por tanto el Estatuto fue aprobado sin ningún voto en contra de los partidos parlamentarios asturianos y con el 97% de votos afirmativos sobre el total de votos.
El Estatuto fue aprobado sin ningún voto en contra de los partidos parlamentarios asturianos y con el 97% de votos afirmativos sobre el total de votos.
Se cerraba así un largo periplo político de dos años y medio que se había iniciado el 26 de junio de 1979, cuando se constituye y celebra su primera reunión, en Luanco, la Comisión Redactora del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía que, a fin de establecer los criterios básicos del Estatuto, celebraría varias reuniones a lo largo de ese verano.
¿Qué ocurrió en todo ese periodo con el contenido del Estatuto? Como el paso del tiempo lo aplana todo y deseca los sucesos (igual que finalmente hace con las personas) algunos pueden pensar, e incluso ese pensar de algunos puede llegar a convertirse en el relato más o menos “oficial”, que la de Asturias fue una autonomía otorgada, sin contratiempos políticos ni mayor debate, sin graves tensiones o juegos de fuerzas por el medio y que el Estatuto es fruto simplemente de una operativa técnico-jurídica para plasmar en texto legal aquella autonomía otorgada.
Sin embargo, asumir esto sería una desfiguración flagrante de la historia, que no daría cuenta en absoluto de lo sucedido; algo parecido en cierto modo a lo que, en un orden de magnitud mucho mayor, ha terminado ocurriendo con la transición española, secuestrada por una “versión oficial” que, realzando o silenciando según qué, falsea los hechos.
Pero, volviendo a lo que hoy nos ocupa, lo cierto es que la construcción del Estado de las autonomías tuvo lugar a través de la superación de enormes contradicciones en cuanto a la naturaleza y alcance de estas, que se desarrollaron en el ámbito del conjunto del Estado pero se proyectaron con toda intensidad sobre el proceso asturiano, atravesándolo casi de principio a fin.
Las instancias en que se desarrolló ese proceso y tuvo lugar el debate entre los representantes políticos son las siguientes: la citada Comisión Redactora del anteproyecto de mediados de 1979 (o Comisión de los 24), que encomendaría luego la confección de un borrador a una Subcomisión Técnica (Comisión de los 8), lo sometería con algunos cambios a información pública y emitiría dictamen sobre las alegaciones presentadas; la Asamblea Redactora del Proyecto de Estatuto, formada ya por Parlamentarios nacionales y Diputados Provinciales, que en enero de 1980 tomó en consideración el Anteproyecto, nombró en su seno la ponencia que informó las enmiendas al mismo y debatió luego en pleno el texto resultante, ya como Proyecto, cuya votación de totalidad fue en abril de 1980.
Después, en sede de Las Cortes Generales, la discusión sobre el texto y las enmiendas tuvo lugar en la ponencia designada, en la Comisión Constitucional y en el Pleno del Congreso, remitiéndose al Senado, del que surgieron otras enmiendas, debatidas de nuevo en el pleno del Congreso en la sesión que culminaría en la votación de totalidad a la que al principio hice referencia, con el resultado indicado.
Las actas de las sesiones dan cuenta del ardor con que se defendieron por los intervinientes en las citadas instancias las distintas posiciones, que afectaban a la mayor parte del contenido estatutario, pues estaban en cuestión, entre otros asuntos, la desaparición de la Diputación, el sistema electoral, el alcance y contenido de las competencias, la participación en el sector público empresarial, la lengua, el sistema transitorio o el compromiso de futura ampliación autonómica. Personalmente tengo bien grabada la vivacidad de los debates y la consistencia de las argumentaciones de las distintas partes, porque me tocó intervenir en todas las instancias de debate (salvo en el Senado), así como en las negociaciones que permitieron ir superando los conflictos hasta llegar a aquel resultado final de práctica unanimidad.
Las actas de las sesiones dan cuenta del ardor con que se defendieron por los intervinientes las distintas posiciones, que afectaban a la mayor parte del contenido estatutario; estaban en cuestión, entre otros, la desaparición de la Diputación
Con todo, los momentos más difíciles se produjeron al inicio casi de la andadura en Asturias y en la tramitación desarrollada en el Congreso. No será ocioso, como veremos, que nos detengamos muy brevemente en esos dos momentos.
En el primero la cuestión era nada menos si la vía a seguir sería la directa a la autonomía plena, del artículo 151 de la Constitución, o la de la autonomía diferida del artículo 143, en la que la plenitud autonómica era una mera posibilidad de alcance no definido. La Unión del Centro Democrático, en el Gobierno, se oponía a la autonomía plena, lo que bloqueaba esta vía, dados el quórum y requisitos exigidos. A la vista del bloqueo, la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, cuyo Secretario General era Jesús Sanjurjo, y de la que el que el que esto escribe formaba parte, decidió dar un giro completo a la situación, ofertando a los demás partidos la aceptación de la vía del artículo 143 pero bajo condiciones tales como asegurar un parlamento dotado de potestad legislativa, asumir el máximo posible de competencias bajo una interpretación extensiva del artículo 148 de la Constitución, incluir algunas de gran importancia respecto del sector público industrial del Estado, incrustar en el propio Estatuto el listado completo de las que se asumirían en una reforma pasados cinco años, comprometer ya dicha reforma e instaurar así la “autonomía plena diferida”.
La cuestión era nada menos si la vía a seguir sería la directa a la autonomía plena, del artículo 151 de la Constitución, o la de la autonomía diferida del artículo 143, en la que la plenitud autonómica era una mera posibilidad de alcance no definido.
La propuesta fue aceptada por Unión de Centro Democrático y el Partido Comunista de Asturias, suscribiendo el pacto el 23 de octubre de 1979. El sabio Presidente, Rafael Fernández, que, igual que yo mismo, había venido defendiendo antes la vía rápida, asumiría la nueva ruta. Este pacto guiaría, a partir de ese momento, el proceso asturiano, aunque a la hora de desarrollar los acuerdos persistiera el debate en las sucesivas instancias. Asturias fue la Comunidad que abriría esa vía intermedia, seguida finalmente por una decena de Comunidades. Que después de aprobado el Estatuto los pactos se hayan cumplido tarde o mal ya es otro asunto, del que por mi parte saqué en su día las oportunas consecuencias.
El segundo gran episodio de bloqueo se produjo más de un año después, al llegar (con arreglo al itinerario descrito) el Estatuto al Congreso, donde la mayoría de izquierda que existía en Asturias pasó a ser mayoría del centro-derecha, con el agravante de que estando la tramitación parlamentaria todavía en fase de ponencia se produjo el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, una de cuyas consecuencias reales sería la elaboración del Informe Enterría y cierta reconducción de los procesos autonómicos. Cuestiones de gran importancia quedaron de nuevo en entredicho, si bien los pactos autonómicos de julio de 1981 entre el Presidente Calvo-Sotelo y Felipe González allanaron el camino para todos. Pero es de señalar que un mes antes de firmarse aquellos pactos, aunque ya bajo ese espíritu de consenso, las cuestiones más candentes de nuestro Estatuto habían sido concordadas en una negociación con el Gobierno, siendo Rodolfo Martín Villa el Ministro del ramo, en la que además de representantes asturianos estaría presente Alfonso Guerra (como lo estuvo en la Constitución y en todo su desarrollo).
Así fue como meses después, hace ahora cuarenta años, Asturias tuvo un Estatuto razonablemente ajustado a sus necesidades, el primero de la vía intermedia abierta; y aprobado, como queda dicho, por una amplísima mayoría parlamentaria, sin que ningún grupo votara en contra. Con independencia de lo que ocurriera después, siempre he pensado que aquel fue el resultado feliz de un proceso bien llevado, en el que no hubo ni actitudes miméticas ni excesos épicos, virus que suelen infectar la autonomía de seguidismo y de grandilocuencia, respectivamente.
En todo el proceso descrito intervinieron gran número de personas, políticos y técnicos, que trabajaron siempre con la mejor voluntad y la mayor generosidad. El resultado fue fruto de este trabajo a lo largo de años, pero sobre todo de aquella voluntad que supo hacer cesión de las propias posiciones para encontrar el punto de encuentro, pese a que entonces las diferencias eran grandes y los problemas a superar muy reales. Cabría añadir: incomparablemente más grandes y más reales que los que hoy se esgrimen para justificar los desacuerdos.
El resultado fue fruto, sobre todo, de aquella voluntad que supo hacer cesión de las propias posiciones para encontrar el punto de encuentro, pese a que entonces las diferencias eran grandes y los problemas a superar muy reales
Aunque cualquier cita de personas suela evitarse, porque al hacerla algunos piensan que se ensombrece a los no citados, no me resisto a rendir un modesto homenaje a grandes compañeros de profesión política entonces, a los que por pura justicia debo destacar en el proceso, en distintos papeles, posiciones y momentos. En mi zona política el gran Jesús Sanjurjo y el siempre excelente Bernardo Fernández, que estuvieron en todo o detrás de todo. En la derecha la solvencia profesoral y la elegancia –siempre- de Juan Luis de la Vallina. En el centro la habilidad, el talento político y la clase de Emilio García-Pumarino, siempre más listo que cualquiera de nosotros. En la otra izquierda, el vigor y la consistencia, en los primeros compases, de Gerardo Iglesias y luego el poderío de Horacio Fernández Inguanzo. Lo digo muy de veras, sin ese conjunto de personas todo hubiera sido de otro modo.
