Nubledo, Saúl FERNÁNDEZ
La empresa Galerías de Parques Reunidos, S. L -propietaria de un tercio de Parque Astur y grupo que inició el desarrollo y construcción de la infraestructura- ha presentado una querella criminal por delitos contra la ordenación del territorio, usurpación de funciones públicas, prevaricación de funcionario público, falsedad documental y apropiación indebida en la gestión de la ampliación de Parque Astur en su segunda fase, entre otros, contra el ex alcalde de Corvera Luis Belarmino Moro, contra Susana Pérez Fernández, asesora jurídica del Ayuntamiento, y contra Juan Carlos Menéndez González, asesor personal de Moro y también de la Cooperativa Agropecuaria de Corvera -cargos que compaginó entre 2003 y 2007.
En la querella criminal la sociedad mercantil solicita una indemnización por daños y perjuicios que podría ascender a diez millones de euros, más los intereses legales oportunos.
La segunda fase del complejo de Parque Astur incluye un hotel de lujo y un «teórico almacén de materiales de construcción (en realidad, un centro de ventas de artículos de bricolaje)», según la empresa demandante.
Según consta en la redacción del texto de la querella criminal, el ex alcalde de Corvera Luis Belarmino Moro «concedió una licencia de obra mayor para la construcción de un hotel aun siendo un proyecto contrario a las normas urbanísticas vigentes». Para que esto se pudiera llevar a cabo, y siempre según lo que consta en la querella, fue necesaria la intervención de Juan Carlos Menéndez y de Susana Pérez, quienes, según la denuncia, «reclasificaron como suelo urbano un suelo que es no urbanizable».
Los dos asesores, según el texto presentado por la promotora, actuaron, «en definitiva, en el ejercicio de sus competencias, como aparentes funcionarios» y, por tanto, «vulneraron gravemente la normativa relativa a competencias y autorizaciones reservadas a organismos del Estados y las comunidades autónomas que no corresponden al Ayuntamiento».
Galerías de Parques Reunidos considera en la querella que hubo «pronunciamientos municipales injustos», en lo que se refiere a la construcción del hotel, que considera incompatible con la legalidad.
Para probar esta apreciación, la sociedad querellante recuerda que el actual gobierno de Corvera, en la persona de Enrique Bueno, concejal de Urbanismo, paralizó en su día las obras del hotel porque, con Moro en el gobierno, se habían concedido licencias de obra sin los pronunciamientos correspondientes de la Confederación Hidrográfica de Norte y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). (En la actualidad este punto ha sido legalizado).
Todo lo antedicho supone, para la empresa querellante, que se está construyendo «una edificación ni autorizada ni autorizable», que se está aplicando un «uso comercial contrario a las normas», que se ha favorecido «a sabiendas una edificación industrial» contraria al derecho, «que existe una apropiación indebida de derechos urbanísticos» y que hay «un exceso de superficie edificable». Para todo ello se emitieron informes de contenido «inveraz y contradictorio».
La empresa, en la querella, presupone que estas decisiones «responden al interés (de Moro) por rodearse de gente de su confianza al margen de lo legalmente establecido».
La construcción del hotel y de la mediana superficie, según la querella, se presentó «camuflada» de segunda fase con el fin de «salvar impedimentos legales superiores».
