Luanco, Illán GARCÍA

La concejala de Urbanismo, Rosario García, anunció ayer que convocará la próxima semana varias comisiones informativas para analizar el contenido del Plan General de Ordenación Urbana del concejo. El objetivo de la edil, es, según afirmó, contar con el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas que forman parte de la Corporación para que el PGOU del concejo sea «lo más completo posible».

Paso a paso, la concejala de Urbanismo y los representantes de los partidos políticos de la oposición irán analizando cada uno de los elementos que forman parte del PGOU: la memoria del documento general, el catálogo urbanístico o el documento de impacto ambiental del municipio.

Según aseguró Rosario García ha dado un primer «vistazo» a los planos entregados la semana pasada por el equipo redactor del PGOU, Configuración, S. L. y tras el análisis, la concejala ha comprobado que se han incluido en los planos entregados las peticiones realizadas por el equipo de gobierno (PP). Por el momento, la concejala no ha querido desvelar el contenido de esos cambios hasta que sean conocidos por el resto de formaciones políticas de la Corporación gozoniega.

El PP espera que la aprobación inicial de las normas del suelo del concejo esté lista a finales de mayo o en el próximo mes de junio. Según aseguró la edil, el PGOU puede estar aprobado definitivamente a finales de este año.

Después de la fecha de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, se establecerán dos meses en los que el documento pasará a información pública, y las personas y colectivos que lo deseen podrán presentar las alegaciones pertinentes.

A partir de estos dos meses de información pública y su posterior publicación en el BOPA, el Ayuntamiento enviará el documento a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para que revise su contenido y emita su dictamen. Según la concejala de Urbanismo, la Comisión del Territorio del Principado tiene cuatro meses para contestar al Ayuntamiento.

El concejo de Gozón prefirió mantener al actual equipo redactor del PGOU pese a que en siete años el proceso estuvo paralizado. El gobierno mantuvo la decisión incluso cuando la oposición lanzó duras críticas a los redactores y pidió que se les rescindiese el contrato, tal y como hizo la Corporación de Carreño. Con anterioridad, la Mancomunidad del Cabo Peñas trabajaba con el mismo equipo redactor del PGOU.