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Autoridad sometida

 
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VICENTE ORDÓÑEZ La disputa generada por hacerse con la concesión de la nueva lonja pesquera avilesina aún sigue dando problemas, después de haber pasado por lamentables episodios, con unas consecuencias económicas y sociales que deseamos no vuelvan a reproducirse. Tengo la sensación de que, siendo la actual situación muy diferente, todavía existen ciertas injerencias políticas que están impidiendo una pronta solución.


El pasado de 2 de mayo, en este mismo medio de comunicación leí las declaraciones del nuevo presidente de Lonja Avilés exigiendo tener en la futura sociedad que gestionará la nueva lonja la misma participación accionarial, o más, que la propia Cofradía de Pescadores avilesina. Pedía, a su vez, los mismos derechos, pero nunca mencionó qué están dispuestos a ofrecer para merecer dicho trato preferente.


Lo lamentable es que intenten introducir en este asunto un nuevo elemento de inquietud como es la pretendida participación de la Federación de Cofradías de Asturias. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es su nivel de aportación? En esta petición existe «gato encerrado» donde persisten aún algunas injerencias políticas que mencionaba anteriormente y que tanto daño causaron al sector pesquero. No hay que olvidar que las relaciones entre esta organización y la cofradía avilesina no gozan de buena salud; tanto es así que esta última no se encuentra integrada dentro de dicha Federación.


Es necesario dar salida a una inversión de más de 13 millones de euros que lleva casi dos años inactiva por la falta de firmeza necesaria para tomar una decisión. No se arreglará el problema sólo con introducir «nuevos invitados» en la sociedad; éstos trataran de beneficiarse del esfuerzo de otros, como la Cofradía de Pescadores, evitando (si pueden) aportar nada a cambio.


La Autoridad Portuaria intenta buscar una solución que contente a los diferentes colectivos en conflicto. Supongo que son conscientes de los peligros que entraña y de lo negativo que puede resultar unir bajo un mismo organismo a los que no están dispuestos a desprenderse del odio y el rencor, que son los ingredientes necesarios para hacer fracasar todo intento de buena gestión.


En estos momentos en los que el sector pesquero avilesino se encuentra algo más estabilizado y recuperando una buena parte de sus ventas, no deberían descartar la presentación de un «nuevo concurso» para la concesión de la nueva lonja. Lo ocurrido en el puerto de Santander, que, sufriendo una situación similar, al final optó por presentar un concurso para restablecer unas condiciones lamentables que dejaron a muchas familias en la miseria más absoluta, llama a una profunda reflexión.


Las disputas que hoy existen por mantener un hueco en el consejo de la futura sociedad y que podrían ser foco de nuevos problemas se salvarían con un «concurso público» como opción más democrática, si se presenta con total transparencia. Las «trampas» utilizadas en el último concurso que se declaró desierto, encubriendo una peligrosa estrategia que en todo momento buscó el desprestigio de la Cofradía de Pescadores, no deben repetirse. No olviden que era, y sigue siendo, uno de sus mejores clientes, capaz de volver a reflotar la industria pesquera avilesina de remitir la nefasta injerencia política que tanto daño ha causado.


Cada concursante se presentaría con su expediente en cuanto a profesionalidad, calidad, medios y capacidad para desarrollar la actividad, sin olvidar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Si algún armador disconforme sufre la tentación de marcharse a ejercer su actividad fuera de su puerto base (Avilés), o bien de Asturias, estaría en su perfecto derecho, pero, igualmente, y en aplicación de la justicia, la Administración regional tendría que exigirles la devolución de las ayudas concedidas que se dieron bajo ciertas condiciones y frenar las que estén en trámite. Estoy convencido de que actuar de este modo frenaría las ansias de aquellos que, con el dinero de nuestros impuestos, creen que pueden seguir chuleándonos.


En cuanto a la alternativa que presenta la Autoridad Portuaria, patrocinada por el Gobierno regional, ofrece muchas dudas e interrogantes que deberían aclararse: ¿Será la parte institucional la que lidere la actividad para sacarla de la situación en la que ellos mismos la han metido, o intentarán que lo solventen los profesionales del sector que estarán representados en la nueva sociedad? Si es ésta la pretensión, ¿para qué gastarse tanto dinero en contratar un gerente, pagar a tanto consejero, así como otros gastos que la sociedad conlleva si al final serán los profesionales quienes les saquen las castañas del fuego?


Esta alternativa podría haber tenido una finalidad positiva hace algún tiempo si, de forma transitoria, se emplease en buscar el restablecimiento de unas mejores condiciones de entendimiento entre las partes en conflicto. Actualmente, restablecida una cierta normalidad, ¿qué motivos existen para no querer sacar un nuevo concurso sobre la concesión de la nueva lonja pesquera?


La Autoridad Portuaria sabe que la ley de Puertos del Estado, en su exposición de motivos, orienta a que la regulación de la actividad económica que constituyen los servicios básicos portuarios corra a cargo esencialmente del sector privado, reservándose para ella sólo una actividad prestacional y subsidiaria, orientada principalmente en los casos de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, algo que en estos momentos no ocurre en el puerto avilesino.


Tengo la sensación de que lo que se busca es primar a un grupo de futuros consejeros en la nueva sociedad a crear, como pago político a servicios prestados. Hablemos claro. Es lamentable tener que soportar tanta hipocresía para ocultar otros intereses -el poder y el dinero como valor supremo- olvidando que está en juego el futuro de muchas familias, así como el de numerosas empresas.


Valoro el esfuerzo que realiza el presidente de la Autoridad Portuaria (el señor Docampo) para buscar una solución al conflicto, pero la impresión que tengo es de que interferencias políticas reducen su autonomía. Las situaciones se vuelven difíciles cuando las personas mostramos nuestras peores miserias personales, que tanto daño generan en el ser humano. Estoy seguro de que en otras circunstancias se podría haber llegado a un acuerdo satisfactorio. Actualmente se percibe la falta de voluntad en aquellos que, pudiendo, no quieren asumirla. Esto, señor presidente, por dignidad y profesionalidad, debería tenerlo muy presente. De lo contrario, le pasará factura, por su sometida autoridad o porque no quiera ver los obstáculos que le ponen en el camino.


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Juan Carlos De la Madrid

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