Nubledo, S. F.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmó -según se lee en la sentencia dictada el pasado 19 de mayo- que los cambios que ordenó el ex alcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, en la urbanización de la cuesta de Los Campos, «son nulos de pleno derecho» y, por tanto, ilegales. Esta misma sentencia desautoriza las decisiones tomadas por el Pleno municipal, que aprobó por «silencio administrativo» los cambios planteados por el Gobierno de la USPC-PP, porque «establece que la competencia para la aprobación definitiva de las modificaciones cualificadas corresponde al órgano de Gobierno de la comunidad autónoma»; es decir, quien da el visto bueno final a la ordenación del suelo no es el Ayuntamiento, es el Principado.
Para entender el alcance de esta sentencia hay que remontarse al mandato de Severino Zapico (PSOE), cuando se presentó la necesidad de urbanizar la subida a Los Campos desde Las Vegas. El gobierno local de entonces consideraba acuciante la suma de dos de las poblaciones más importantes del concejo. Para esto, redactó un plan -conocido como SAPU I- cuya gestión recayó en el nuevo Gobierno surgido de las urnas. Es decir, quien iba a dar cuenta del plan ya no iba a ser el PSOE. La cosa recayó entonces en el gobierno de USPC-PP, que presidía Luis Belarmino Moro, que fue quien propuso una serie de cambios que afectaban, sobre todo, a la superficie de suelo que correspondía al Ayuntamiento, que disminuía con respecto a la primera redacción.
La sentencia del alto tribunal califica al Ayuntamiento de Corvera -a cuyo frente, en 2005, cuando los cambios en Los Campos, estaba Moro- de «órgano manifiestamente incompetente» para aprobar modificaciones a algo como era el suelo, ya que la ley del Ordenación del Territorio del Principado se lo impedía.
El TSJA relata los pasos dados por el gobierno de Moro: en enero de 2005 el Pleno aprobó el nuevo plan parcial -USPC y PP conformaban una mayoría cómoda-, sin embargo, se dejó pendiente del Principado la aprobación de la nueva distribución de zonas verdes porque el Ayuntamiento entendía que esto era cosa del Gobierno regional, según se explica en la sentencia ahora publicada y que viene a corroborar otras similares, aunque referidas al otorgamiento de licencias de construcción en edificios levantados en la zona. Estas sentencias planteaban ya la doble «ilegalidad» del plan de Moro.
El pasado mes de julio, el nuevo gobierno municipal, esta vez bajo la dirección de José Luis Vega, convino con la empresas de construcción de la zona que había que legalizar las obras ya levantadas para evitar posibles demoliciones. El convenio firmado entonces mantuvo el proyecto obteniendo 1,2 millones de euros como compensación, es decir, desde julio, Corvera recupera el valor de suelo perdido.
