Amaya P. GIÓN

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés exigirá al Ministerio de Industria compensaciones para las grandes industrias consumidoras de electricidad en caso de que se suprima la conocida como tarifa G-4, de la que se benefician en la comarca las multinacionales Alcoa, Arcelor-Mittal y Asturiana de Zinc (Azsa). Así lo anunció ayer el presidente de la entidad cameral, Francisco Menéndez, tras la reunión del comité ejecutivo de la Cámara, que teme que el fin de estas bonificaciones por orden de la Unión Europea y previsto para 2009 ponga en peligro el empleo en la comarca.

Menéndez manifestó su preocupación por los efectos de la desaparición de esta tarifa, que situará a las grandes empresas de la comarca en un escenario de pérdida de competitividad, dado el encarecimiento que experimentarán sus respectivos procesos productivos en relación con sus competidores internacionales.

Según las estimaciones, de hecho, el incremento de la factura de la luz para las tres firmas que se ven afectadas en la comarca podría ser del 125 por ciento, es decir, unos 190 millones de euros de sobrecoste. Para la entidad cameral, como ya han alertado los sindicatos, resulta imprescindible encontrar una solución que permita a estas industrias disponer de la energía necesaria para sus procesos productivos a un coste semejante al de sus competidores en España. Y es que, por ejemplo, el precio de la energía para la industria del aluminio supera en España la media europea y sólo China se encuentra por delante en el ranking de carestía en el ámbito internacional.

«Estamos ante una situación muy peligrosa para la comarca que cuenta con la mayor concentración de toda España de multinacionales afectadas por las bonificaciones de la tarifa eléctrica» para las grandes compañías consumidoras. Por todo esto, añadió, «tenemos que unificar todos los esfuerzos posibles para evitar un posible escenario verdaderamente preocupante».

El comité de la Cámara, que mantendrá un encuentro con las centrales sindicales para analizar la situación, aprovechó para recordar que Azsa, Alcoa y Arcelor-Mittal suponen el 14 por ciento de los puestos de trabajo de Avilés, el 23 por ciento de Castrillón y el 33 y 28 de Corvera y Gozón, respectivamente.

Menéndez también señaló la preocupación de la entidad que preside ante la entrada en vigor de la nueva ley de edificación respecto a la construcción de vivienda de protección oficial y autonómica y la de precio concertado que, según los promotores, conllevará un encarecimiento al verse obligados a incorporar elementos como paneles solares. «Pueden ocurrir dos cosas: que no se construya vivienda protegida o que la calidad de la edificación se vea mermada al no poder construir a los precios marcados desde la Administración. Entendemos que se deben estudiar nuevos precios para poder ofrecer una vivienda de calidad a precios asequibles», concluyó Menéndez.