Myriam MANCISIDOR
Los agentes del grupo de Extranjeros y Fronteras de la Policía Nacional de Gijón detuvieron ayer a cuatro personas, dos de ellas de Avilés, a las que se les acusa de promover y facilitar la inmigración clandestina de personas de la República Dominicana en España. Los acusados, según un comunicado emitido por la Policía Nacional, ofrecían a las víctimas la posibilidad de regular su situación ilegal mediante falsas promesas de trabajo. La Policía Nacional cree que las personas afectadas superan las 150 de acuerdo con la documentación intervenida.
La operación policial denominada «Redo» se inició el pasado mes de febrero. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta dos personas de Avilés, una de ellas un varón de 37 años considerado principal cabecilla de la trama al que también se le acusa de estafa. Ambos se presentaban como gestores de empresas encargados de buscar empleos de difícil cobertura en diferentes localidades del país en virtud de las necesidades de cada región y de gestionar esa carencia de ocupación a través de las diferentes delegaciones o subdelegaciones de gobierno. A su vez, tres varones dominicanos residentes en Avilés, Huesca y León hacían las veces de intermediarios para la captación de sus compatriotas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, así como que aumente el número de personas afectadas por la estafa.
Los ahora detenidos que se dedicaban supuestamente a introducir en España a ciudadanos de nacionalidad dominicana mediante contratos de trabajo ficticios solicitaban a cada víctima, según la versión de la Policía Nacional, hasta 2.000 euros sin que en los interesados supieran cuál sería el trabajo que iban a desempeñar ni dónde. Les ofrecían además la posibilidad de traer a España a familiares y amigos que quisieran residir en este país.
En un primer pago, de 500 euros, los acusados pedían a los afectados de la República Dominicana que remitiesen documentación tal como una fotocopia del pasaporte, fotos, el acta de nacimiento más un impreso de solicitud de residencia y trabajo firmado. Luego les advertían de que debían abonar el resto del importe una vez superados todos los trámites. De este modo, según la Policía Nacional, los acusados estafaban a las víctimas la cantidad inicialmente entregada.
