Una tarta millonaria que pueden acabar pagando los vecinos y que suele terminar ante el juez

V. M.

La decisión de externalizar el servicio de aguas no ha estado exenta de polémica en otros concejos asturianos. Y probablemente lo estará en Avilés: de hecho, en medios próximos al Ayuntamiento no se descarta que alguna de las empresas descartadas por los informes técnicos acuda a los tribunales.

En Gozón, la privatización del servicio ha acabado con un aumento de tarifas superior al índice de precios al consumo que se fijaba al comienzo. En Langreo, los informes municipales consideraron que algunas de las ofertas estaban infladas económicamente. En Castrillón, la adjudicación acabó anulada por el juez por un defecto de forma en que se convocó el Pleno, al no haberse facilitado información a los concejales en el tiempo que establece la ley. En Coaña, una única empresa se presentó al concurso, sin competir con otras ofertas.

Uno de los casos con más tensión política fue el de Grado, que motivó cruces de críticas entre los partidos políticos. Ahora, el concurso de Avilés ha vuelto a reabrir el debate sobre el verdadero objetivo último del cambio de gestión. Teóricamente, la razón por la cual se constituye una sociedad mixta para gestionar el abastecimiento y saneamiento de aguas ha sido la mejora del servicio a los ciudadanos. Sin embargo, los políticos han puesto su mirada de inmediato en el suculento pastel de la operación: la recaudación inmediata de hasta 37,1 millones de euros que engordarán el escuálido presupuesto municipal de inversiones. Y todo ello, a un año de las elecciones municipales.

Esa moneda tiene también su otra cara. Ese dinero corresponde a la cesión de tuberías, depósitos y depuradoras que hace el Ayuntamiento para la gestión del servicio. Pero la empresa adjudicataria no hace regalos, y siempre cuenta con recuperar el dinero con los beneficios de la gestión. ¿Puede ser una trampa para después pedir una revisión de tarifas que acabará disparando las tasas que pagan los ciudadanos alegando pérdidas? Los informes técnicos municipales aseguran que no hay ni bajas temerarias ni altas temerarias y que la oferta elegida cumple y es asumible. El tiempo dirá si el reparto de la tarta de millones lo acaban pagando los vecinos.