Los gitanos acusados de asaltar una tienda en Pravia proclaman su inocencia ante el juez

Francisco L. JIMÉNEZ

Los dos jóvenes gitanos acusados de haber perpetrado el pasado 13 de abril un robo con fuerza e intimidación en la tienda que la asociación de turismo Coto Real-Bajo Nalón tiene en Pravia proclamaron ayer su inocencia en la vista penal celebrada en el juzgado penal de Avilés. Los imputados basaron su defensa en la coartada, avalada en el juicio hasta por cinco testigos, de que la tarde en que se cometió el asalto a mano armada ellos se encontraban en el Hospital San Agustín de Avilés visitando a un enfermo. La acusación particular y el fiscal trataron de desmontar esa versión y con el testimonio de la dependienta de la tienda como prueba principal insistieron en la culpabilidad de A. E. J., de 21 años, y A. E. G., de 18, para los que pidieron cinco años de prisión y el pago de una indemnización de 4.466 euros (el botín del robo fue de 350 euros).

La alarma social que generó en el concejo praviano el asalto a mano armada a la tienda de Coto Real tuvo eco en la vista penal celebrada ayer con amplio despliegue de fuerzas de seguridad, una nutrida presencia de medios de comunicación y numerosos familiares de A. E. J. y A. E. G. que acudieron al palacio de justicia avilesino para arroparlos. El más joven de los encausados entró a la sala de vistas a las 11.50 horas de la mañana voceando su inocencia: «Esto es una injusticia; somos inocentes». Varios miembros de la comunidad gitana trataban de insuflarles ánimo. «La verdad saldrá a la luz», afirmaba una mujer; «estad tranquilos», aconsejaba otra. Cuatro horas más tarde abandonaron el juzgado insistiendo en que ellos no fueron: «Llevo cinco meses en la cárcel sin tener nada que ver con esto», protestó A. E. J. mientras era conducido al furgón que lo devolvería a Villabona.

A la vez que los acusados, pero por una puerta interior, accedía a la sala para declarar a puerta cerrada la dependienta de la tienda, declarada testigo protegida del caso por las graves amenazas e intimidaciones de que fue objeto para que retirase la denuncia que, además de causarle un cuadro de ansiedad a la víctima, a la postre motivaron una oleada de indignación popular en Pravia contra la comunidad gitana. Según la presidenta de la asociación de turismo Coto Real, Conchita González, personada como acusación particular, la empleada declaró «valientemente» e identificó inequívocamente a los acusados, además de relatar con todo detalle cómo ocurrieron los hechos el día de autos, incluso cómo uno de los acusados, supuestamente, le dijo al irse: «Si nos denuncias te rajamos», a la vez que hacía con un dedo el ademán de cortarle el cuello.

El testimonio de la testigo protegida y la identificación que hizo de A. E. J. y A. E. G. se convirtieron en la principal baza del fiscal y del abogado de la acusación, Pedro Hontañón, para solicitar al juez, José Luis Niño, la imposición de sendas penas de cinco años de prisión, así como el pago de una indemnización de 4.466 euros. El letrado destacó en su discurso de conclusiones la decisión de la dependienta y de la responsable de Coto Real de denunciar el robo y las intimidaciones posteriores de que fueron objeto movidas por el «encomiable afán» de que «se pene el delito lo cometa quien lo cometa, para poder vivir en paz».

La defensa de los acusados, ejercida por el abogado José Antonio García Salgado, se construyó sobre dos ejes: la existencia de una coartada que sitúa a A. E. J. y a A. E. G. en Avilés a la hora aproximada del asalto a la tienda y la identificación «dubitativa y errónea» que hizo la testigo protegida -una persona que la defensa describió como «frágil» e «inestable» psicológicamente- de sus representados. Según declararon cinco testigos, cuatro de ellos con vínculos de amistad o familiares, A. E. J. y A. E. G. estuvieron en el Hospital San Agustín de Avilés la tarde de autos junto a otros muchos gitanos, todos reunidos allí para seguir la evolución de la salud del pastor evangélico Diego Salazar, que falleció días después.

Tanto el fiscal como la acusación particular tildaron de «burda» semejante coartada, construida, según manifestaron, sobre testimonios «interesados» o de dudosa credibilidad «por las contradicciones en que incurren los testigos». Independientemente de que hubiesen estado o no en Avilés, las acusaciones sostienen que tuvieron tiempo para cometer el delito antes de dejarse ver en el hospital y que, de hecho, son los culpables, por lo que deben ser castigados. El caso queda ahora visto para sentencia.