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Una controvertida decisión de la Comunidad de Madrid
 

Mediación frente a legislación

Los docentes avilesinos ven exagerada la propuesta de ley de autoridad de Aguirre y piden más colaboración de padres y agentes sociales

 
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Un profesor avilesino pasa lista durante el primer día de clase del presente curso.
Un profesor avilesino pasa lista durante el primer día de clase del presente curso. miki lópez

Juan C. GALÁN
La propuesta de una ley de autoridad del profesorado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abierto el debate. Políticos, jueces, sindicatos y padres de alumnos ya se han posicionado, pero ¿qué piensan los profesores, a los que realmente se dirige la propuesta? Los docentes avilesinos coinciden con Aguirre en que han perdido autoridad, aunque, en su mayoría, consideran la teórica ley como un paso demasiado drástico que podría solaparse con sentido común y la colaboración de padres y estamentos sociales.

Esperanza Aguirre propone que los profesores gocen del rango de autoridad pública y se equiparen así a otros estamentos de índole pública como policías o médicos. Así, una agresión a un profesor, de aplicarse la propuesta de ley, sería considerada un atentado a la autoridad y podría incluso estar penada con cárcel. Los docentes avilesinos consideran que aplicar una ley de esta magnitud en Asturias sería exagerado. «La conflictividad en las aulas asturianas no es ni por aproximación tan alta como en otras comunidades como puede ser Madrid», señala Nuria Delmiro, directora del Colegio La Carriona, que, al igual que el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, apuesta por la mediación de los padres para evitar problemas. «Está claro que los alumnos más problemáticos son los que pertenecen a familias desestructuradas. Tanto los agentes sociales como Inspección deberían mojarse más en la mediación con estas familias», añade Delmiro.

En la misma sintonía se muestra David Gutiérrez, director del Colegio Llaranes, que apela al sentido común sin dejar de reconocer la pérdida de autoridad de los docentes. «Si la ley es una herramienta a favor de los profesores, estoy de acuerdo, pero creo que cae de cajón que, si a un guardia civil no se le puede insultar, a un profesor tampoco, y si ocurre debe ser castigado», comenta Gutiérrez.

Más favorable a la propuesta de Esperanza Aguirre se muestra Joaquín Santiago, ex concejal de Educación con el PP y profesor del Colegio Sabugo: «La ley sólo sería el primer paso. Luego habría que aprobar un conjunto de medidas para que la propia profesión se dignifique. La educación se ha burocratizado, pero los profesores no tenemos incentivos. Y, sobre todo, hay que acabar con la demagogia en cuanto a los padres. La docencia es cosa de los docentes», señala el ex concejal de Educación.

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