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Salinas, I. MONTES
El PP sostiene que la única solución para evitar que se construya en la finca de El Espartal que el Tribunal Supremo calificó como suelo urbano es negociar con los propietarios del solar. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Castrillón, Ramón Cesáreo Álvarez, aseguró ayer que su partido se opone a que se construya en la parcela de El Espartal, «siempre desde el máximo respeto a los derechos de los propietarios del suelo».
Álvarez sostiene que para evitar que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a una indemnización millonaria «la única solución es la negociación, en la que se puede poner sobre la mesa el trasladar el suelo urbano de El Espartal a otras zonas». La postura del PP difiere de la del gobierno local (IU-PSOE), que se opone a autorizar el vallado de la finca que solicitó la empresa Aldergarten el pasado verano y que sí autorizó la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
El pasado mes de julio el Principado ratificó el carácter urbano de la finca situada entre la carretera de Salinas a San Juan y la playa de Salinas y colindante con el monumento natural de El Espartal. Asimismo, autorizó el vallado de la finca, como había solicitado Aldergarten, advirtiendo de que el cierre debería cumplir la ley de Costas y dejar libre la zona de servidumbre de protección y la servidumbre de tránsito para permitir el paso peatonal.
La negativa del Ayuntamiento a permitir a Aldergarten instalar un cierre perimetral en la finca puede terminar en los tribunales. «La solución no es negar, como hace el gobierno local, unos derechos a los propietarios, sino negociar», indicó el edil del PP.
«El problema de las administraciones con los propietarios de la finca viene de lejos. El conflicto se inició cuando Costas intentó aplicar el deslinde marítimo terrestre y perdió ante el juez. El Principado corrió la misma suerte al intentar incluir el solar en el monumento natural de El Espartal. El Supremo rechazó esta iniciativa al declarar suelo urbano el solar. Las administraciones han desistido de intentar aplicar cualquier tipo de protección a los terrenos y ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento», dijo.
La finca tiene una superficie edificable de unos 21.000 metros cuadrados en la que se pueden levantar un máximo de 208 viviendas.
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