E. CAMPO
Una sentencia obliga al Principado a asumir la tutela de un hombre al que previamente se declaró incapacitado. El joven tiene diagnosticada esquizofrenia paranoide y politoxicomanía. Actualmente cumple una condena en la prisión de Villabona. El juzgado de primera instancia e instrucción N.º 5 de Avilés fue el encargado de analizar este caso, en el que actuó como abogada Sofía González Lahera. La juez Susana Fernández de la Parra consideró probado que la familia del hombre -los padres y una hermana- no pueden hacerse cargo de su cuidado, de ahí que el Principado deba convertirse en el tutor legal del enfermo mental a partir de ahora.
Según la legislación vigente, son causa de incapacitación «las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma». En este caso los informes médicos coinciden en diagnosticar una esquizofrenia paranoide. Además, en ellos se refleja un historial de consumo abusivo de alcohol y drogas que contribuyó a agravar el estado del paciente. Los médicos consideran probado que su enfermedad mental es crónica e irreversible, y que su evolución estará vinculada al correcto seguimiento de un tratamiento médico adecuado.
El informe revela que la incapacitación ha de ser total porque no puede desenvolverse en su actividad cotidiana, aunque conserve parcialmente las capacidades de comprender y querer. El paciente no realizó un seguimiento adecuado de su tratamiento médico y además fue violento en su entorno familiar más cercano, lo que motivó varios ingresos en unidades de psiquiatría, en comunidades terapéuticas y en Villabona. El examen realizado por el tribunal ratificó que el hombre «no puede tomar decisiones de forma libre, sosegada y razonada sobre aspectos esenciales de su vida».
La designación del Principado como tutor del enfermo ha sido posible gracias al convencimiento del tribunal de que a los familiares más próximos les resulta «totalmente imposible» asumir esa responsabilidad. La sentencia tiene en cuenta el historial de violencia físicas y psíquicas que el hombre ejerció sobre sus padres y su hermana que, de hecho, se vieron obligados a adoptar medidas de protección. A falta de otros familiares próximos o de personas cercanas idóneas para el cargo de tutor la juez Fernández de la Parra ha decidido que sea el Principado quien vele a partir de ahora por el paciente, le procure alimentos y asuma, además, la administración de los bienes que posea de la forma más adecuada posible.
El Principado tiene un mes de plazo para tomar posesión de su responsabilidad como tutor y presentar un inventario de los bienes del tutelado.
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