Las Vegas,
Illán GARCÍA
El actual director general de Patrimonio y ex alcalde, José Luis Vega (PSOE), dice tener la conciencia tranquila después de que un informe encargado por la USPC pusiera en tela de juicio su actuación en el caso Parque Astur. «No conocíamos la medida cautelar de julio de 2006 -que prohibía tocar el dinero de Parque Astur depositado por el Ayuntamiento- hasta hace unos meses», dijo Vega. A su lado, el portavoz municipal del PSOE, Iván Fernández instó al regidor corverano a que le conteste a dos preguntas: «¿Cuándo y cómo Moro informó al PSOE de la existencia de ese auto?». Por otro lado, Fernández destacó que todos los pasos que los socialistas dieron en el caso Parque Astur se llevaron a Pleno «y nadie dijo nada de que se estaba actuando de manera equivocada».
Que ahora el Ayuntamiento tenga que pedir un crédito bancario para afrontar el pago de 1,5 millones a las empresas Galitedo y Daorje, como beneficiarias de Parque Astur, según el director general de Patrimonio, viene dado por las acciones de Luis Belarmino Moro, que «secuestró» el auto judicial de julio de 2006.
A juicio de Vega, el informe jurídico que recomienda demandarle por vía penal «carece de objetividad ya que está realizado por los abogados personales de Moro, de ASIA y de IDEAS, y además está pagado con dinero público de todos los corveranos».
Estos argumentos hacen pensar al PSOE que Moro ha comenzado «su campaña de desprestigio hacia los socialistas». Ante esto, Vega apuntó que «la táctica de Moro de hablar del pasado oculta las buenas acciones desarrolladas en el municipio como las obras del plan estatal o las inversiones estatales y regionales del próximo año que rozarán los 2,3 millones de euros». El también director general de Patrimonio se refirió además a las «desacreditaciones» que el informe encargado por la USPC hace de la actuación de Iván Fernández «se debe a que el edil desmontó los fallos de la buena gestión económica de la que presumía la USPC y destapó un agujero de 2,7 millones».
Al margen de debates políticos, el Ayuntamiento ha de acatar ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de octubre de 2008 en la que tiene que abonar 1,5 millones de euros a las mercantiles Galitedo y Daorje. El informe encargado por la USPC intenta depurar responsabilidades por la vía penal y apunta a Vega, Iván Fernández y al secretario municipal como presuntos responsables de la situación. Para afrontar este pago, el Ayuntamiento ha pedido un crédito bancario.
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