A. P. G.
Tres de los cinco rumanos acusados de robar varias joyas y 62.000 euros en metálico en un piso de Piedras Blancas y en otro de Tapia de Casariego reconocieron ayer ante el juez de lo Penal los hechos que se les imputaban y pactaron con la fiscalía condenas que suman cinco años y seis meses de prisión. Las dos mujeres a las que la acusación pública también había implicado en el proceso fueron absueltas. Sólo uno de los procesados, que se enfrentaban a penas de cuatro años de cárcel, ingresará en prisión, aseguraron en medios judiciales.
El juicio, señalado para ayer, no llegó a celebrarse al llegar las partes a un acuerdo. Uno de los imputados, G. S., aceptó tres años de cárcel como autor de dos delitos de roto. P. M. pactó dos años de cárcel por un delito de robo y doce meses de multa por receptación (le acusan de recepcionar las joyas y el dinero robado). El tercer imputado, R. R. B. aceptó seis meses de cárcel por receptación. Además, tendrán que pagar de forma conjunta indemnizaciones a sus víctimas, según fuentes judiciales.
El primero de los robos por los que serán condenados fue perpetrado el 6 de julio de 2008. La fiscalía asegura que G. S. y P. M. accedieron esa noche a un piso de la calle Libertad de Piedras Blancas tras forzar la puerta de la vivienda. G. S. sustrajo numerosas joyas de oro y brillantes y 54.000 euros en efectivo con la ayuda de P. M., que se encargó de vigilar para no ser descubiertos, según la misma versión.
Una semana después, en torno a las once de la noche del 13 de julio, la pareja utilizó el mismo «modus operandi» en un piso de Tapia de Casariego. En esa ocasión se apoderaron también de diversas piezas de joyería y de relojería así como de 8.000 euros en metálico. La Guardia Civil activó un dispositivo de vigilancia que culminó el 25 de julio con la detención de cinco rumanos, tres varones y dos mujeres.
La fiscalía destacó en su escrito de acusación que los imputados (dos de ellos ahora absueltos) «llevan un nivel de vida elevadísimo, viven de alquiler en primera línea de playa» a pesar de que «carecen de empleo» y de que «no ejercen ningún trabajo». El ministerio público solicitaba inicialmente para cada uno de ellos cuatro años de prisión y el pago de indemnizaciones a las víctimas por lo sustraído. Los letrados Sergio Herrero y José Antonio Renedo defendieron los intereses de los procesados.
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