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HEMEROTECA » EL TIEMPO » |
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Nubledo, Illán GARCÍA
Los votos a favor de USPC y PP sirvieron para que el Ayuntamiento presente en los próximos días una demanda por vía penal contra el director de Patrimonio y ex alcalde, José Luis Vega; el ex edil de Promoción, Iván Fernández, y el secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, por su «irregular actuación» en el caso Parque Astur. Esta demanda se basará en un informe encargado por la USPC a un equipo jurídico externo.
El Pleno celebrado ayer se centró en un rifirrafe entre el portavoz del PSOE, Iván Fernández, y el alcalde, Luis Belarmino Moro. Los socialistas abrieron fuego. «Ese informe es tendencioso y está realizado por un equipo de abogados personales de Moro y de IDEAS, ahí se ha incumplido la ley de contratación, con este hecho se podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos», destacó Iván Fernández.
Moro negó tal acusación y se limitó a decir que el PSOE tiró por la borda todo el trabajo de recuperación del dinero de Parque Astur que hizo la USPC desde 2003 y analizó paso por paso las sentencias judiciales que en poco más de dos años fueron llegando al Ayuntamiento. El Alcalde criticó además que Vega no quisiera recurrir una sentencia judicial en septiembre de 2007 y que ha desembocado, a su juicio, en que el Ayuntamiento tenga que abonar los 1,5 millones de euros a dos empresas, Galitedo y Daorje, beneficiarias de la descapitalización de Parque Astur. Moro recordó además que Vega hizo uso del dinero que se hallaba en un depósito para aportárselo al ente tributario del Principado, «cuando no podía tocar lo hasta que no finalizara el proceso».
Al margen del debate político, los socialistas recriminaron a la USPC que no defendiera el contenido del informe y que se limitara a responder sus acusaciones. «Está claro que una vez más, Moro es un cobarde y actúa de oposición de la oposición». Desde la barrera, IU, sin entrar al debate, pidió al Gobierno que presentara informes de los técnicos municipales que avalaran ese documento encargado por la USPC.
«Cualquier información que venga de fuera no tiene validez sino informan los técnicos», recalcó Bueno. Luis Solares, del PP, por su parte, pidió que si es necesario se investigue también a los ediles de su partido «para demostrar que siempre han defendido la legalidad vigente y la transparencia».
Tras poco más de una hora de debate, el dictamen fue claro: el Ayuntamiento interpondrá una demanda por vía penal para depurar responsabilidades de la pérdida de 1,5 millones de euros que deberán ser abonados a Galitedo y Daorje. Mientras que la USPC cree a pies juntillas el informe que encargó, el PSOE, afectado por su contenido, critica su «tendenciosidad».
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