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El Principado reclama información a la empresa del corte de agua en el No-Do

El PP recomienda a los inquilinos afectados que soliciten apoyo jurídico

 
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Vecinos del No-Do rellenan botellas en una fuente.
Vecinos del No-Do rellenan botellas en una fuente.  ricardo solís

Juan C. GALÁN
La dirección general de Vivienda ha tomado cartas en el asunto para remediar la falta de suministro de agua potable en varias viviendas de promoción privada de las calles Balandro y Ría de Avilés, en el No-Do. Como publicó LA NUEVA ESPAÑA, la empresa Energy Service, con sede en Gerona, responsable de gestionar las energía, climatización y suministro de agua a las viviendas, decidió dejar sin agua potable a una serie de vecinos, algunos de los cuales estaban al corriente en el pago de la factura. Así las cosas, los inquilinos afectados se ven obligados a desplazarse a una fuente cercana y rellenar garrafas y botellas con agua tanto para consumo propio como para aseo personal.

Manuel Orviz (IU), director general de Vivienda del Principado, ha entrado en contacto con la empresa suministradora con el fin de recabar información sobre el asunto. No en vano, a pesar de que tanto la edificación como la explotación por treinta años de las viviendas es de carácter privado, el suelo urbanizable fue cedido por el Principado. Orviz reconoció que puede haber irregularidades, aunque puntuales. «Vamos a intentar subsanar los problemas que existan, pero también es cierto que la empresa controla todos los gastos con un programa informático que es difícil que falle», señaló el director general de la Vivienda, que también afirmó que algunos de los vecinos afectados mantienen deudas con la empresa suministradora, según Energy Service.

El Partido Popular de Avilés, por su parte, criticó la situación de los vecinos del No-Do. «No puede ser que en pleno siglo XXI haya gente sin agua potable», lamentó Constantino García, portavoz de los populares. El propio García, junto al también concejal del PP José Luis Garzón, visitaron a los inquilinos afectados para comprobar «in situ» no sólo la falta de suministro de agua sino también las deficiencias que presentan los edificios. «El Principado debe asegurarse de que los contratos que firmó en su día se cumplen», señala García, que recomendó a los vecinos solicitar apoyo jurídico para solucionar su problema.

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