«Se nos ha negado una investigación», clama la familia del joven muerto al caerle un capitel

Oviedo, L. Á. VEGA
Por si fuese poco el dolor sufrido por la muerte absurda de su hijo, ahora no hay responsables. Los padres de Alejandro González Pérez, el joven gijonés fallecido el pasado mes de marzo al caerle en la cabeza el capitel de una columna de la calle Rivero, están indignados tras conocer que el Juzgado número 7 de Avilés ha decidido no reabrir la investigación por la muerte de su hijo. «Se nos ha negado una investigación judicial», claman los padres, que han decidido recurrir la resolución judicial ante la Audiencia Provincial.

Por el momento, la familia no quiere oír ni hablar de un proceso civil, vía que deja abierta expresamente el juez. La familia considera que debe haber responsables penales por este asunto, ya que hay «una omisión por parte tanto de la propiedad como de la Administración», que claramente no velaron por la seguridad en la zona.

«Habrá que advertir a la gente de caminar por el casco antiguo de Avilés, que no se les ocurra coger una columna, porque puede caerse y encima se considerará normal», señalan los padres. Y es que «el juez considera que asir una columna en la vía pública es motivo suficiente y desencadenante para que se caiga», añaden.

«¿Es que una columna se cae porque un chico se agarra a ella? ¿Y es culpa del chico? ¿Asirse a una columna excluye de responsabilidades penales a otras personas? Es una vía pública, una columna no puede caerse porque alguien se coja a ella o la asa», dicen los padres.

Por esa regla de tres, «cualquier ciudadano que pasee por Avilés y que se agarre, se apoye o tenga la mala suerte de tropezar, como, por ejemplo, una persona invidente, con una columna y ésta se caiga, debe saber que la culpa será suya», sentencian los familiares del joven.

Con la decisión de cerrar la vía penal del caso, «se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y se produce una clara indefensión», según la familia. Pero los padres de Alejandro González no van a arrojar la toalla. «Lo que ocurrió era completamente previsible. Los comerciantes, la prensa, las asociaciones vecinales venían denunciado el pésimo estado del casco histórico», afirman.

Y añaden que «el juez se equivoca al afirmar que no hay requerimientos a la propiedad; la propiedad está requerida desde 1992 para edificar, tiene una orden de edificación obligatoria», indican.

Archivado el proceso penal, «nunca podremos saber ni conocer nada, ni determinar las responsabilidades de la Administración o de la propiedad, ni siquiera de cara a un proceso civil o contencioso, porque la instrucción ha sido mínima», añaden los padres. Eso sí, no comprenden que el juez haya echado la culpa a su hijo de lo ocurrido.