ALEJANDRO VIZCAÍNO
SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DE JJ SS
Dice el ordenamiento jurídico que a los 16 años debe suponerse de un joven la madurez suficiente como para tomar decisiones de manera autónoma y responsable. El sistema educativo, sin ir más lejos, se sustenta en este axioma. Así, indica la ley Orgánica de Educación, a esta edad uno debe haber desarrollado «la capacidad para [?] planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades».
También la legislación del trabajo lo asume cuando permite a los jóvenes, a partir de los 16 años, iniciar su vida laboral. Nadie puede negar que la posibilidad de tomar una elección así conlleve adquirir muy serias responsabilidades, pero la sociedad tiene la convicción de que un ciudadano, a esta edad, es suficientemente consecuente. Y sin voces discrepantes que se escandalicen por ello.
Algunas fuerzas políticas incluso apuestan por modificar a los 16 años la mayoría de edad. Tal es el caso de Juventudes Socialistas, que históricamente lo ha reivindicado con firme convicción. No sería tampoco la primera vez que oyésemos voces en el Partido Popular exigiendo adelantar la mayoría de edad penal. Y, quieran o no, eso es tanto como reconocer que a esta edad se obra con una responsabilidad plena.
En este marco que he descrito no es comprensible entender el acceso a las bebidas alcohólicas de estos jóvenes como un problema de salud pública que tutelar. Una legislación más restrictiva que la actual, que sólo les permite consumir bebidas con una graduación alcohólica inferior a 18 grados, supone escalar un paso más en la pirámide de la hipocresía. No se puede normar con paternalismo y sin eficacia en atención a un debate artificial azuzado por los medios.
Un joven de 16 años es capaz de elegir si tomarse un culín de sidra con la misma responsabilidad con la que, en su caso, podría firmar un contrato de trabajo o, hipotéticamente, votar o ir a la cárcel. Los poderes públicos deben esforzarse en transmitir la información necesaria sobre las consecuencias para la salud, pero no deben sustraer al joven su posibilidad de elección. Y menos aún hoy por hoy, cuando la información sólo se ve limitada por la voluntad de uno mismo.
Pretender una legislación más restrictiva es un error; escudarse en ello para tratar de erradicar los «botellones» es, además, un discurso torticero. Cualquiera diría, a la luz de lo que señalan quienes pretenden sembrar alarmismo, que los niños asturianos se pegan a la botella en el destete. No es cierto, a la experiencia me remito, que la presencia de menores de 16 años en «botellones» esté generalizada. Y decir lo contrario es tanto como juzgar de negligentes a muchos progenitores.
Ni siquiera se puede decir que se produzca una ingesta de alcohol desproporcionada, toda vez que en la alternativa, bares y discotecas, se consume lo mismo a un precio mucho menos razonable y con una calidad que me permito poner en entredicho. Los jóvenes entendemos el «botellón» como una actividad lúdica propia de nuestra cultura. No nos reunimos en parques y plazas con el único propósito de beber; buscamos divertirnos con amigos y conocidos mientras tomamos una copa.
Y mientras quienes nos gobiernan no entiendan esto, muchos ayuntamientos seguirán buscando sustitutivos al «botellón» en forma de guetos en los que reunir a los jóvenes con el objeto de evitar quejas vecinales. La última en Gozón. Cuatro talleres ñoños no constituyen alternativa alguna, más bien son una excusa para lavarse las manos a precio de saldo. Para qué hablar ya de Oviedo, donde la criminalización de la juventud pretende materializarse en duras sanciones: hasta 3.000 euros por «botellón».
Si queremos hacerle algún bien a la juventud, mejor pensemos en garantizarle un espacio céntrico donde hacer «botellón» con seguridad e higiene, en un lugar donde puedan convivir los derechos de jóvenes y vecinos, y con un servicio público, el de limpieza, que recoja los residuos que -como en cualquier otra reunión multitudinaria- se generan. Lo demás son pamplinas.
