T. C.
El debate del cambio de gestión del servicio del agua volvió ayer al Pleno municipal, esta vez para rechazar las alegaciones de Aqualia a la adjudicación del concurso y para otorgar, definitivamente, el contrato a la empresa Aquagest. La discusión volvió a tener como protagonista a IU. Fernando Díaz Rañón, portavoz de la coalición, afirmó que su partido nunca había puesto en duda la legalidad del proceso ni en «tela de juicio» los informes de los técnicos municipales.
Las declaraciones de Díaz Rañón provocaron la indignación tanto del PSOE como del PP. «IU llegó a acusar de corrupción al resto de concejales, dijo que el proceso estaba encaminado para dárselo a una empresa y que el canon era una financiación por la puerta de atrás. IU ha jugado con la plataforma cívica Agua Pública, es una parte activa de ella y para el PSOE significa lo mismo», aseveró Luis Ramón Fernández Huerga, concejal de Servicios Urbanos.
Constantino Álvarez, portavoz de los populares, por su parte, reiteró lo dicho por Fernández Huerga y, al igual que el concejal socialista, exigió a Díaz Rañón una disculpa por las «duras denuncias» realizadas por la coalición en sesiones plenarias anteriores, algo a lo que el portavoz de la coalición se negó. «No puede haber sorpresa por parte de nadie. El debate político es el que es, y justificaciones, las justas. Ni en las intervenciones del portavoz de IU en el debate del agua ni en las de mi compañera se ha puesto en duda el proceso», comentó Díaz Rañón.
Tras la adjudicación definitiva, la empresa Aquagest tendrá un plazo de diez días para formalizar el contrato y de un mes para abonar el importe del canon demanial ofertado, que asciende a 37,1 millones de euros.
