Miembro de la Comisión Nacional de la Energía
Amaya P. GIÓN
Fernando López Romano (Toledo, 1966) es el responsable de asuntos económicos y energía de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) y miembro de la Comisión Nacional de la Energía. Ayer visitó Avilés invitado por la Asociación de Amas de Casa de la ciudad para ofrecer una conferencia sobre la liberalización del mercado eléctrico, que entró en vigor el pasado 1 de julio.
-¿La luz se ha disparado?
-La luz es cara. Entre enero de 2008 y julio de 2009 el recibo ha subido casi un 20 por ciento en España. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Nuestra confederación ha recibido numerosas reclamaciones. Estamos hablando de un bien básico y de interés general. Con el déficit tarifario, España ha pasado a ser uno de los países con la electricidad más cara de la Unión Europea.
-¿Cómo afecta la liberalización a los consumidores?
-Toda liberalización, por lo general, implica un abaratamiento del suministro, una garantía y la posibilidad de elegir. La liberalización está ahí desde 2002, pero desde el 1 julio ha desaparecido la tarifa regulada, que fijaba el gobierno. Hasta ahora no hubo beneficio alguno de precio. El Consejo Nacional de la Energía dice que las ofertas que hay en el mercado no son importantes ni invitan a que el consumidor busque una compañía distinta.
-¿Beneficios futuros?
-Tenemos la esperanza de que, a medio plazo, las compañías intenten captar clientes y saquen ofertas al mercado. Pero, hoy por hoy, la liberalización no tienen ningún efecto positivo para el consumidor. Se le da la opción de elegir compañía, algo que ya podía hacer antes del 1 de julio, pero se traduce en más problemas de los que tenía con anterioridad. Además, falta información y los servicios de atención al cliente están actuando de manera ineficaz. Con la nueva ley el número de quejas de los consumidores han aumentado un 30 por ciento. Hace falta que se ponga en marcha un sistema de reclamaciones rápido, objetivo y eficaz, como las juntas arbitrales de consumo.
-¿Qué aconseja a los consumidores?
-Prudencia. Aquellos que decidan cambiar de compañía deben observar detenidamente las cláusulas y elegir la que más se adecue a sus necesidades. Aquellos que tienen tarifa de último recurso, la que subió en julio un 3 por ciento, pueden cambiarse al mercado libre sin costo adicional en cualquier momento y, una vez efectuado el cambio, fijarse en que no tenga ninguna cláusula penalizadora.
-¿Qué opina de las tarifas especiales para grandes consumidoras, como las de Alcoa, Arcelor o Asturiana de Zinc?
-Hay que buscar un equilibrio sin que eso signifique que para que estas compañías tengan un mejor precio haya que penalizar el costo que tiene el pequeño consumidor doméstico. Pagamos más que los grupos industriales. No queremos perjudicarles, pero tampoco que se beneficien a costa de los consumidores.
