A. P. G.
Un transportista afronta el jueves en el juzgado de lo Penal una pena de tres años y seis meses de cárcel acusado de estafar a la compañía para la que trabajaba, una empresa de excavaciones y movimientos de tierra con sede en Llanes. La fiscalía solicita para el imputado, además, el pago de una cantidad de 3.391 euros a la compañía en concepto de indemnización.
Los hechos que el ministerio público imputa a J. A. R. A. ocurrieron, presuntamente, entre el 22 de diciembre de 2007 y el 5 de abril de 2008. En estos tres meses, según la versión de la fiscalía, el trabajador utilizó en varias ocasiones la tarjeta del camión que le facilitó la compañía para repostar gasoil para beneficio propio. La utilizó, sin autorización, para recargar su móvil particular y comprar productos en gasolineras, según la misma versión. Estas adquisiciones supusieron un perjuicio de 3.391 euros para la empresa, concluye el ministerio público.
El fiscal considera que J. A. R. A., que no cuenta con antecedentes, cometió un delito continuado de estafa con la circunstancia de abuso de confianza, que agrava la pena, y pedirá inicialmente al tribunal que lo condene a tres años y medio de cárcel y al pago de los 3.391 euros.
Por otra parte, tres miembros de una familia avilesina se enfrentan a dos años de cárcel cada uno por un presunto delito de alzamiento de bienes que se remonta a 2004. Siempre según la versión del ministerio público uno de los imputados, A. N. C., firmó un contrato con una empresa para la explotación de máquinas recreativas en un negocio de hostelería que preveía poner en marcha en la calle Severo Ochoa. Además, recibió de la misma empresa un préstamo de 6.000 euros, sin intereses, para facilitar la instalación del negocio, según la fiscalía. «Por razones que no vienen al caso, el negocio no se instaló y el acusado, para evitar el embargo de sus vienes, transmitió la propiedad del local donde se iba a instalar el negocio y una plaza de garaje a su hijo y su nuera, respectivamente», también imputados.
La acusación pública solicita para cada uno de ellos dos años de prisión y el pago de una multa de 3.780 euros. La vista se celebra el martes en el juzgado de lo Penal avilesino.
