S. FERNÁNDEZ
Manuel Gómez Mendoza, delegado de SFALA en el Ayuntamiento de Avilés y veterano sindicalista, ha presentado un recurso para que el juzgado de lo contencioso administrativo Número 3, de Oviedo, anule la privatización del servicio del agua acordado por el Pleno avilesino el pasado 19 de marzo. La demanda, según aseguró el propio Mendoza, es de carácter personal. «La presento en calidad de ciudadano avilesino que no consiente que los concejales del PSOE y del PP se rían de él», confesó.
El recurso judicial de Mendoza es el primero de los que se presentan contra la polémica decisión municipal de transferir a una empresa mixta la gestión del servicio de aguas. La plataforma Agua Pública, que anunció en su día un recurso contra el acuerdo, no han presentado, a fecha hoy, ninguna demanda contra la decisión tomada por la mayoría de los concejales de Avilés.
Mendoza basa su recurso en más de una docena de razones, la primera de ellas es el principio de eficacia del servicio. O sea, el Ayuntamiento se deshace de la gestión porque no es eficaz. Mendoza, en el escrito de su abogado, declara que este punto no es cierto: «El agua, como consta en el expediente, prácticamente sale gratis por el convenio de Arcelor. Sin embargo, el Ayuntamiento de Avilés compra agua a Cadasa por razones políticas». En consecuencia, argumenta Mendoza, «el servicio es deficitario y que es mejor la opción de la privatización decae rápidamente».
Otro punto que se refleja en el documento presentado por Mendoza es el que se refiere a los argumentos defendidos por el Ayuntamiento cuando presentó al Pleno una memoria (diciembre de 2008) sobre la necesidad del traspaso de la gestión. Según el criterio de Mendoza: «La carga del cambio de modelo de gestión la tiene que acreditar el Ayuntamiento de Avilés mediante datos objetivos» cosa que, a juicio del sindicalista, no se ha hecho.
El sindicalista echa de menos que algunos datos de la memoria que se aprobó como paso previo a la privatización del servicio de agua no fueron corroborados «por la intervención municipal», circunstancia esta que Mendoza considera obligada. Concretamente, el sindicalista se refiere a los costes del ciclo integral del agua en 2007: 2.900.675,75 euros.
Sobre el gasto inadecuado del agua pública Mendoza señala en su recurso que la memoria no dice «absolutamente nada» de por qué la empresa Urbaser (concesionaria de la limpieza) «gasta miles de litros de agua sin que se aclare por qué los utiliza gratis» ya que, según Mendoza, este gasto no figura en el pliego de condiciones. En el punto del personal, el sindicalista no entiende por qué la empresa mixta va a tener más personal que el actual servicio municipal y eso porque, a juicio de Mendoza, «no se observa en la memoria» razones que justifiquen las deficiencias de la plantilla actual. Todos estos argumentos, sostiene el sindicalista, pesan para que pueda afirmar que «no hay razones objetivas para cambiar el modo de gestión del servicio, por lo menos, no están suficientemente acreditadas».
