T. CEMBRANOS
La plataforma Agua Pública presentó ayer una demanda en el Juzgado contencioso-administrativo de Oviedo contra la decisión del Pleno de Avilés de no convocar un referéndum para preguntar a los vecinos qué modelo de gestión del servicio de agua prefieren. Los promotores de la denuncia consideran que la plataforma ha cumplido todos los requisitos determinados legalmente para la realización de la consulta popular: que sea un asuntos de ámbito municipal, que no afecte a la Hacienda local y que se reúnan las firmas de un 10 por ciento de los electores (se recogieron 17.431 rúbricas).
Según expone la plataforma en la demanda, la causa de la desestimación fue, textualmente, «una cuestión ya aprobada por la Corporación con actos administrativos definitivos y con un expediente de contratación que está en fase de licitación pública». «Esa razón no puede ser asumida, puesto que no existe momento alguno que determine la normativa o la jurisprudencia que se entienda como día tope en el cual se pueda presentar y realizar una consulta popular. Además, en el momento en que se presentó la iniciativa popular no era firme el acuerdo municipal por el que se establecía el procedimiento de abastecimiento de agua en Avilés. El debate no estaba cerrado ni la decisión era firme desde el punto de vista administrativo», argumenta la plataforma en su escrito ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo.
Por ello, los promotores consideran que el Juzgado debería estimar la demanda y determinar la obligatoriedad del Ayuntamiento de solicitar autorización al Gobierno central para la celebración de la consulta popular.
