El Principado quiere reducir aparcamientos en La Magdalena y el municipio lo rechaza

Teresa CEMBRANOS
E. C.
El Ayuntamiento de Avilés rechaza la disminución de unas 240 plazas de aparcamiento que plantea el Principado en el área residencial de La Magdalena. Así, en las alegaciones presentadas por el Consistorio tras la aprobación inicial del plan especial del área y a las que ha tenido acceso este periódico, el departamento de Urbanismo considera que la supresión de estacionamientos tanto en un vial próximo a la variante de la N-632 como en otro ubicado junto al arroyo de la Ceba «empeora la situación y se aleja de los estándares reglamentarios de aparcamientos en superficie de viario público». El Principado justifica la disminución de plazas por un informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado.

Pero ese no es el único punto discrepante entre ambas partes. Así, el gobierno local insta al Principado a que aclare cuáles son las áreas afectadas por las modificaciones urbanísticas propuestas en el ámbito para saber si puede o no conceder licencia de construcción a las empresa interesadas en el plan de La Magdalena.

Según los técnicos, debería aclararse ese aspecto y, en su caso, presentar un plano de las áreas afectadas por los cambios para conocer si éstas entran dentro de las determinaciones que impiden la concesión de licencias ya que, de otro modo, «la suspensión no es eficaz ni ejecutiva». «Ahora bien, según la ley, la suspensión de licencias no afectará a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y con la modificación que se pretende introducir, siempre que ésta ya haya sido aprobada inicialmente», aseguran los técnicos.

Los trabajadores municipales tampoco consideran aceptable la conexión planteada entre el camino de la Ceba y el viario del ámbito de actuación así como la desaparición de dos aceras, una de ellas sobre la antigua calleja de la Viuda. Respecto al camino del Barrial, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estiman que debe ser Sogepsa la que asuma y sufrague los costes derivados de la adquisición del suelo con el fin de completar la urbanización con la construcción de una acera.

En el plan especial de La Magdalena se realizan otros cambios, como la reducción tanto de la parcela que albergará el equipamiento comercial (aunque se mantiene la superficie construida, 3.312 metros cuadrados) como de la reserva de suelo destinado a centros docentes. También se modifica sensiblemente la disposición del sistema de espacios libres de dominio y uso público. En el nuevo documento también se incrementa el número de viviendas sometidas a algún régimen de protección. Al respecto, los técnicos municipales piden que se aclare por qué se disminuye el número de pisos a edificar si no se modifica la superficie destinada al uso residencial.

Los expropiados por el plan de urbanización de La Magdalena ven demostrado que existe un desfalco de 4 millones de euros en el desarrollo de la operación residencial. Y eso es así, dicen los afectados, porque el método de valoración utilizado a la hora de expropiar los terrenos implicaba una duración del proyecto de 9 años, cuando ahora el objetivo es que la urbanización se concluya en cuatro años. Por eso Miguel García y Francisco José Sánchez consideran que la tasación se realizó cuatro millones por debajo del precio adecuado. «Utilizar el plazo de 9 años, en lugar de 4, para valorar los terrenos, ha significado que a los propietarios se les han dejado de abonar unos cuatro millones de euros que, lejos de incidir en un menor precio de venta de las viviendas, significan un beneficio encubierto en favor de los adjudicatarios de las parcelas o de Sogepsa», plantean.

El Jurado Autonómico de Expropiación tiene pendiente dictaminar sobre el precio de estos terrenos pero, según los demandantes, ya les anunció que tardará al menos otros dos años en pronunciarse. «Es decir, habrá justiprecio cuando las parcelas estén adjudicadas y las viviendas ya estén finalizadas».

Los expropiados instan a Sogepsa a que se aclare si se procederá a revisar la valoración de los terrenos y abonar esos cuatro millones a los afectados o por el contrario que determinen el destino de esta cantidad. «También es el momento de que el concejal Fernando Díaz Rañón diga si está de acuerdo en que los beneficiados sean otros intereses privados», concluyen.