T. C. / V. M.
A tiempos difíciles, medidas excepcionales. Eso es lo que dice que aplicará el Gobierno local, que ha decidido acortar a la mitad el tiempo de resolución administrativa de los expedientes de contratación de obras. La alcaldesa de Avilés ha firmado una resolución que reduce los plazos previstos para la adjudicación de trabajos tanto este año como con vistas al presupuesto de 2010. Pero la medida levanta suspicacias en el PP, que intuye un ardid con fines electoralistas: el próximo año se ejecutarán inversiones con cargo al millonario canon del agua, de 37,1 millones. Acelerar contratos permitirá que muchas obras estén casi listas de cara a las elecciones municipales.
«Vamos a decretar la urgencia de todas las actuaciones y así responder con agilidad y eficacia la resolución de los contratos por parte de los servicios técnicos. Será un esfuerzo para los trabajadores, pero merece la pena», explicó Varela. Básicamente, esa medida se podrá aplicar en los contratos que no superen el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni la cuantía de 5 millones de euros. Así, esos expedientes tendrán preferencia de tramitación en los órganos municipales, debiendo informar o cumplir los trámites correspondientes en el plazo de 5 días, ampliables a 10 cuando haya causas justificadas. Los plazos de licitación y adjudicación, además, se reducirán a la mitad, excepto en la espera antes de la adjudicación definitiva: sólo 10 días hábiles.
La adjudicataria podrá ejecutar el contrato antes de su formalización siempre que haya dejado la fianza, y el plazo de inicio de las obras no podrá ser superior a 15 días desde la notificación de la adjudicación definitiva.
El PP ve con recelo la aplicación de esa medida, sobre todo porque va a permitir al Gobierno local terminar, o casi, obras importantes antes de la elecciones. «Puede haber gato encerrado, pediremos explicaciones», declararon.
