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HEMEROTECA » EL TIEMPO » |
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Francisco L. JIMÉNEZ
El acusado de sendos delitos de calumnias continuadas e injurias con publicidad contra el ex alcalde de Castrillón, Francisco Arias, y la ex concejala Pilar Ovies defendió ayer ante el juez su derecho a «hacer crítica política» y trasladar a la opinión pública del concejo los acontecimientos que tenían lugar en el Ayuntamiento en un tiempo políticamente convulso «a fin de que los ciudadanos pudiesen fiscalizarlos».
B. G. C., marido de la actual alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, como él mismo recalcó durante la celebración de la vista, asumió la autoría de varios comentarios realizados en el foro de Internet «La quintana» y que Arias y Ovies tildan de «injuriosos», si bien él los enmarcó en «el tono jocoso y sarcástico propio del foro de debate en que fueron realizados». Asimismo puntualizó que en ningún momento tuvo ánimo de ofender ni dañar la honorabilidad de las personas a las que aludía bajo el «nick» (seudónimo) «Kenones».
El acusado apeló al mismo espíritu con que Ramón María del Valle-Inclán escribió su célebre obra «Luces de bohemia» -un referente de la literatura del esperpento- para justificar sus comentarios en «La quintana». Según quedó probado en el juicio, B. G. C. escribió en el foro de «contraprestaciones ocultas que negocia el Cuco (mote para referirse a Francisco Arias)», de «maletines», de «dinero en las Islas Caimán» y de coches de alta gama supuestamente logrados a cambio de «levantar la mano en el Pleno». A preguntas de la fiscal, B. G. C. aclaró que sus frases deben ser interpretadas en el contexto político del momento: Arias, Ovies y dos concejales más habían apoyado una moción de censura contra Ángela Vallina (IU), lo que les costó la expulsión del PSOE, y desde su nueva posición de ediles no adscritos «gozaron de privilegios y prebendas, cuando menos cuestionables éticamente, consentidos por el nuevo equipo de Gobierno (PP)».
La defensa pidió al juez la libre absolución de B. G. C., la fiscalía (que sólo ve delito de calumnias) una multa de 1.500 euros y la acusación particular (que añade a las calumnias el delito de injurias) una multa de 12.000 euros más sendas indemnizaciones de mil euros cada una.
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