E. CAMPO
Los expropiados de Sogepsa por la urbanización de La Magdalena, en la que se construirán casi mil viviendas de protección, aseguran que esos pisos costarán un 23 por ciento más de lo que se estimó en el momento de valorar los terrenos. «Esto significa que los adjudicatarios de las parcelas se van a beneficiar en 19,5 millones de euros -3.250 millones de pesetas-, que de acuerdo con el procedimiento de valoración corresponderían al valor de los terrenos», aseguran Miguel García y Francisco José Sánchez, dos de los propietarios. Esa cifra la calculan teniendo en cuenta que en el expediente de expropiación el precio de cada vivienda protegida concertada (VPC) se estimaba en 1.439 euros por metro cuadrado y ahora, que ya se están empezando a vender, se establece en 1.770 euros por metro cuadrado. Por su parte, el precio de las viviendas protegidas de precio general (VPPG) pasó de 1.279 a 1.570.
Esto demuestra, en opinión de estos dos afectados, lo siguiente: «Que el pelotazo urbanístico de la operación de Sogepsa en La Magdalena toma tintes escandalosos, con un beneficio adicional para los promotores en perjuicio del expolio de los terrenos de modestos propietarios». Los expropiados confían en que la justicia acabará dándoles la razón y que el dinero que recibieron por las fincas tendrá que incrementarse, «pero, mientras tanto, lo que es evidente es que los compradores de estas viviendas pagarán a un precio superior en un 23 por ciento al previsto en la expropiación». Traducido a cifras concretas, y siempre según los cálculos de García y Sánchez, cada vivienda costará entre 27.000 y 31.000 euros más de los previstos en el expediente inicial.
Lo que plantean ambos es que debería de haberse mantenido el precio previsto inicialmente para que los compradores pagasen según los valores del expediente de expropiación. Además, García y Sánchez apelan a los responsables de Urbanismo y Vivienda de Avilés -José Alfredo Iñarrea y Fernando Díaz Rañón, respectivamente- para que expliquen este incremento del 23 por ciento en los precios, «que sólo beneficia a los adjudicatarios de las parcelas».
Estos 19,5 millones de euros de diferencia en el precio de las viviendas no son la única irregularidad que ven estos expropiados en la tasación, ya que vienen denunciando «un pelotazo de 24 millones de euros encubierto a través de una ficticia prima de riesgo y de la alteración de los plazos de ejecución del proyecto para generar otro beneficio encubierto». García y Sánchez relacionan estos supuestos desajustes con la polémica que un constructor inició contra la pretensión de la federación vecinal de adquirir parcelas para promover una cooperativa de viviendas.
«En el fondo de esta cuestión está el reparto del pelotazo, donde es evidente que si se benefician estas asociaciones y sus afiliados se perjudican determinados intereses empresariales y privados», aseguran. Y argumentan que, mientras que la federación vecinal quiere construir pisos de 90 metros cuadrados por 150.000 euros, los empresarios comercializan pisos de 75 metros cuadrados por 160.000 euros aproximadamente. «Ésa es una poderosa razón para desanimar a las asociaciones y que se aparten de esta operación», sostienen los expropiados.
A esto se suma que los costes de Vipasa son de 66.000 euros para una vivienda de 70 metros cuadrados, a lo que habría que sumar el coste de los terrenos. «¿Entonces, por qué una vivienda de 75 metros cuadrados promovida por Sogepsa se vende en La Magdalena por los promotores privados a 160.000 euros? ¿Cuáles son los márgenes de beneficio?», preguntan. Otro aspecto que cuestionan es el sistema de adjudicación de las parcelas de Sogepsa que, a su entender, debería ser mediante concurso público, «con transparencia, luz y taquígrafos».
