Aena «condena» a 120.000 asturianos a soportar el ruido que hacen los aviones

F. L. JIMÉNEZ / Agencias
El Gobierno central ultima una reforma legal en virtud de la cual las 120.000 personas que residen en los siete concejos más próximos al aeropuerto de Asturias -Avilés, Castrillón, Soto del Barco, Muros de Nalón, Cudillero, Pravia e Illas- quedarán «condenadas» a soportar el ruido que hacen los aviones al aterrizar o despegar. El PSOE se propone que los vecinos que padecen las molestias derivadas de la actividad aérea adquieran por ley la «obligación» de aguantar las molestias del tráfico aéreo como forma de frenar la cascada de sentencias judiciales desfavorables que implican importantes desembolsos económicos en favor de residentes en las cercanías de grandes aeropuertos españoles como Barajas. Si bien existen precedentes europeos en esta materia -Francia es un buen ejemplo de ello-, no es menos cierto que ese tipo medidas se adoptaron cuando se planificó la construcción de nuevos aeródromos, no a posteriori.

El PSOE ha presentado una enmienda a la conocida como «ley Ómnibus», cuyo objetivo es la reforma de la ley de navegación aérea de 1960. La votación de este proyecto está prevista para mañana en el Senado. A cambio de la «solidaridad forzosa» de los que residen cerca de los aeropuertos, Aena (el ente estatal que gestiona los aeródromos) será obligada a delimitar en el plazo de seis meses las zonas afectadas por el ruido, algo que, según el Gobierno, ampliará el número de viviendas con derecho a indemnización por aislamiento acústico.

En el caso de Asturias, el actual radio de influencia sonora del aeropuerto se calcula en unos diez kilómetros, si bien no existe una normativa clara en este sentido. Históricamente, el número de quejas por el ruido de los aviones que llegan o salen del aeropuerto de Santiago del Monte (Castrillón) nunca ha sido llamativo. «Te acabas acostumbrando», aseguran los vecinos.

Pese a la complacencia de los residentes, la secretaria de la Asociación Nacional de Afectados por el Tráfico Aéreo, María Ángeles López Lax, ha criticado estos días que la reforma «reduce los derechos fundamentales de quienes vivan cerca de un aeropuerto, pues les cierra las vías para reclamar indemnizaciones a la justicia». López Lax muestra, asimismo, su extrañeza por una iniciativa del Gobierno que «recorta derechos ciudadanos consolidados desde hace más de 50 años (el de ser resarcidos por la actividad aérea) justo cuando la sociedad es más sensible a los temas ambientales».

El PSOE se ha defendido argumentando que la ley «ordena las obligaciones de todas las partes, y una vez que fijen los niveles aceptables en las servidumbres dejará de tener sentido que alguien vaya a los tribunales». Los socialistas abundan en la idea de que es necesario buscar «el justo equilibrio entre los intereses en conflicto: la economía nacional y el derecho a la intimidad domiciliaria».