F. L. JIMÉNEZ / Agencias
El PSOE ha plegado velas en su intención de «obligar» por ley a quienes vivan cerca de los aeropuertos a soportar el ruido de los aviones. La presión política y social llevó ayer al Grupo Socialista del Senado a retirar una enmienda a la denominada ley Ómnibus, que establecía que los habitantes y poblaciones asentados en las proximidades de los aeropuertos deben aguantar los «sobrevuelos, frecuencias y demás impactos ambientales producidos por las aeronaves». En el caso de aplicarse esa medida, en Asturias afectaría a unas 120.000 personas residentes en siete concejos, la mayoría de la comarca de Avilés.
La ley Ómnibus es la normativa que transpone a la ley española la directiva de servicios de la Unión Europea. Su trámite se enturbió al conocerse la intención del PSOE de modificar la vigente ley de Navegación Aérea para recortar a los vecinos de grandes aeropuertos los derechos de reclamación por ruidos. En principio, ese cambio normativo afectaría a los aeropuertos con más de 250.000 operaciones al año, si bien desde asociaciones de afectados se temía la generalización futura de la medida.
Según explicó ayer el PSOE en una nota, con la retirada de la enmienda lo que se pretende es «consensuar fórmulas que permitan compatibilizar los derechos de los vecinos con la viabilidad de las infraestructuras aeroportuarias». Previamente, la mayoría de los grupos políticos de la Cámara alta y colectivos ciudadanos habían manifestado su rechazo al planteamiento del PSOE por considerar que vulneraba los derechos ciudadanos.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, Antonio Hurtado, expuso en el debate celebrado sobre este asunto que el Tribunal Supremo ha dado la razón a seis vecinos de una urbanización de Madrid próxima al aeropuerto de Barajas que se quejaron del exceso de ruido que soportan. Sin embargo, explicó que la adopción de medidas correctoras supondría reducir en un 20 por ciento la capacidad de Barajas y la pérdida de unos 47.000 empleos directos e indirectos. Por ello, destacó la necesidad de que se compatibilicen los derechos de los afectados con la viabilidad de las grandes infraestructuras, que presentan «enormes» beneficios para los españoles.
Por su parte, la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico se mostró «muy satisfecha» por la «sabia» decisión que tomaron los senadores del Grupo Socialista. «Hemos conseguido hacer valer nuestros derechos democráticos recogidos en la Constitución, que durante estos días atrás habíamos visto en peligro», manifestó el presidente de la asociación, Luis Ramírez, quien indicó que no se podían creer que una situación como la que se había planteado «estuviera pasando hoy día, cuando los gobiernos apuestan por el medio ambiente y el respeto a los ciudadanos».
