Juzgado de violencia: nubes y claros

Amaya P. GIÓN

El posible traslado a Gijón de los casos de violencia doméstica del partido judicial avilesino, que desde junio de 2005 recaen en el juzgado de primera instancia e instrucción número 5, ha desatado un aluvión de reacciones, principalmente políticas, en las últimas semanas. También, aunque con más cautela, el anuncio ha sido cuestionado por algunos profesionales que consideran la medida un «paso atrás, al alejar la justicia del ciudadano». De lo que menos se ha hablado en este debate -más bien un cruce de reproches entre los partidos- es de lo más importante: las consecuencias que traerá para las víctimas ese traslado y el porqué de la decisión, aún sin cerrar. Algunos profesionales consultados que trabajan de forma directa con las víctimas de esta lacra -que ya se ha cobrado en España más de setenta vidas en lo que va de año- consideran que el traslado de los casos a Gijón tiene sus pros y contras.

l El contexto: El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Marcos del Torniello asume desde el 29 de junio de 2005 todas las causas relacionadas con la violencia de género en la comarca. No son las únicas. Se trata de un juzgado mixto que, además, tiene que compatibilizar esos casos con su trabajo diario. Que la sala número 5 se hiciese cargo de los casos de malos tratos fue una decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, en virtud a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género publicada en el BOE en diciembre de 2004. No sólo afectó a Avilés, ni mucho menos. Para Asturias se designó un órgano por partido judicial.

Esa misma ley recogía la puesta en marcha de juzgados especializados en la materia, salas que sólo tramitan casos de violencia machista y que cuentan con personales especializado, como equipos de trabajadores sociales encargados de evaluar tanto a la víctima como al agresor, y algunos de las cuales cuentan con un turno de oficio específico de asistencia a la víctima. También se pretende la especialización de jueces y fiscales. El propio Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ solicitó en su día a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que suprimiese los juzgados compatibles (como es el caso del número 5 de Avilés) por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios que padecen, y que aumentase los exclusivos. Y en eso es en lo que está el Gobierno.

l La aplicación en Asturias: Oviedo cuenta desde enero de 2007 con un juzgado integral de violencia de género y ya entonces la posibilidad de concentrar en él los casos causó malestar en otros partidos judiciales. A finales de diciembre de 2010 se pondrán en marcha en la región tres nuevos juzgados, uno de ellos un juzgado especializado en violencia doméstica que se ubicará en Gijón y donde está previsto que recalen los casos de Avilés, Pravia y Villaviciosa. Esa centralización, que ha generado controversias, también tiene su por qué. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género no sólo incluye la creación de juzgados especializados sino también la comarcalización, esto es la extensión de las competencias de esas salas específicas a varios partidos judiciales, lo que obliga a reformar la demarcación y la planta judicial por parte de las comunidades autónomas que tienen las transferencias de Justicias asumidas, como es el caso de Asturias. Y la intención inicial de la Consejería de Justicia del Principado es que en el caso de Avilés, los casos de maltrato se dirijan al juzgado especializado de Gijón, aunque la decisión aún está por cerrar. El gobierno regional argumenta, además, que en Oviedo se tramitan unos 700 casos de maltrato al año y 900 en Gijón mientras que en Avilés la media es de unos 300.

l Las consecuencias: Las letradas especializadas en caso de violencia machista consultadas consideran que, desde el punto de vista teórico, los juzgados específicos prestarán una mejor asistencia a las mujeres, máxime si esas salas cuentan también con jueces y personal experto en la materia. A lo que ponen pegas, en cambio, es a la comarcalización. «Las víctimas tendrán que pasar por muchos juzgados hasta que su caso llegue a término. Por ejemplo, una mujer de Pravia pone una denuncia ante la Guardia Civil de la zona. De ahí tendrá que pasar por el juzgado de guardia de Pravia, después comparecer en el juzgado Gijón en caso de que haya juicio rápido. Y si el caso pasa a diligencias previas, ¿dónde tendrá que acudir, al Penal de Avilés o al de Gijón? Si los juzgados especializados van a ser a costa de la comarcalización, habrá que valorar si compensa», señaló una letrada experta en atención a víctimas. Argumentó, además, que el perfil generalizado de las denunciantes responde a mujeres con trabajo, hijos y con recursos limitados. «Una víctima con trabajo, con lo que ya le cuesta dar el paso a denunciar, y que cuenta con pocos recursos, ¿va a poder perder mañanas en el tren y en el autobús para ir a Gijón a comparecer?», planteó.

Pero a la situación de las víctimas se suma un problema añadido, el de los profesionales. En Asturias existen dos colegios de abogados, el de Gijón y el de Oviedo, al que pertenecen los letrados avilesinos. «Si se establece como único el juzgado de violencia de Gijón, ¿cómo será el turno especializado? ¿Habrá que ir a asistir a la mujer allí? Los profesionales de la abogacía que pertenecen a colectivos de ayuda a las víctimas las acompañan en todo momento, pero esta no es la generalidad», señaló. Una de las críticas que ha suscitado el posible traslado de los casos es que la mayor distancia no sólo generará incomodidades a las víctimas, sino también a los letrados, a los agentes policiales y a los peritos que suelen tener que prestar declaración en las vistas de violencia de género. Algún letrado ya ha asegurado que si se confirma el traslado se dará de baja del turno de asistencia jurídica a las víctimas de malos tratos. Es más, incluso se teme que el hecho de tener que desplazarse a Gijón para cumplimentar los trámites asociados a una denuncia por malos tratos o vulneración de una orden de alejamiento pueda ser un factor que disuada a las víctimas de ejercitar sus derechos. «Desde el punto de vista teórico aplaudimos los juzgados especializados pero desde la práctica tememos que pueda ser disuasorio para las víctimas. No estamos hablando de distancia kilométrica, sino psicológica», señaló una de las letradas consultadas.

Por otra parte, la marcha de los casos de maltrato a Gijón también puede frenar el aumento de salas en el palacio de Marcos del Torniello. El motivo, según fuentes judiciales, es que los juzgados de violencia de género «tienen mucho peso específico y pueden ayudar a la creación de nuevos juzgados». Estaba previsto que el segundo penal, que comenzará a funcionar el próximo 30 de diciembre, se pusiese en marcha el año pasado. Al final, el que se creó fue el séptimo juzgado mixto. «Hubo una inspección del Consejo General del Poder Judicial en los juzgado de primera instancia e instrucción, entre ellos el número 5 (el que asume los malos tratos). Se quedaron asustados por la carga de trabajo civil y fue cuando decidieron abrir el séptimo mixto en vez del Penal. Los juzgados de violencia de género son una baza más para reclamar nuevas salas y Avilés necesita un juzgado más de primera instancia e instrucción, lo que permitiría separar las jurisdicciones civili y penal. De marcharse a Gijón los casos de violencia de género, nos encontraremos con dificultades para seguir creciendo», explicaron en medios judiciales.

Así las cosas, tantas luces como sombras se ciernen sobre la especialización y comarcalización de los juzgados de violencia de género. La decisión de cómo se articularán estas salas, siempre teniendo en cuenta los recursos limitados con los que históricamente cuenta la Justicia, está ahora en mano de los políticos.