¿Ampliación o inundación?

PABLO FERNÁNDEZ CONCEJAL DEL BLOQUE POR ASTURIES (IU-BA) DE GOZÓN Desgraciadamente en política nada es lo que parece. La falta de claridad y transparencia suele ir pareja con el desarrollo y la gestión de aquellos asuntos que tienen un trasfondo económico, o, por lo menos, ésa es la tónica general en el gobierno del PP de Gozón. En concreto, la ampliación del contrato por parte del alcalde a la empresa Aquagest por quince años más, y cuando todavía faltan seis años para la conclusión del acuerdo vigente, deja al descubierto una serie de cuestiones de difícil respuesta, si no se quiere admitir, como es el caso, que lo que realmente se esconde en esta operación está más en sintonía con los intereses de la empresa que con los de los vecinos.

Los argumentos que esgrimen los populares son tan peregrinos que lo único que se les ocurrió para salir del paso fue convocar una única comisión informativa carente de toda información (sí, ya sé que es una contradicción, pero no deja de ser la pura realidad), para luego ser aprobado en el Pleno municipal más matutino de la historia de la democracia de nuestro concejo.

Por todo ello, lo único que nos queda es desmontar las falacias que usa el señor alcalde para justificar lo injustificable: en primer lugar, la legislación que obliga a cambiar los materiales de las conducciones de agua es del año 2003 y el contrato actual se firmó en el año 2005, ¿por qué no se recogió en ese momento?

En segundo lugar, los ingresos previstos con la ampliación de 3,8 millones son similares a los que se contemplan en el acuerdo vigente, ¿dónde está la mejora para el Ayuntamiento?

En tercer lugar, en el acuerdo vigente se contemplan inversiones que todavía no se realizaron, ¿por qué no se obliga a la empresa a cumplir sus compromisos en vez de premiarle con una ampliación de quince años más?

Cuarto: esta operación que modifica el dinero y el tiempo acordado, ¿es una ampliación o una modificación contractual?

Y ahora, para concluir, la traca final: la privatización del servicio del agua supuso la renuncia, por parte del Alcalde, a la gestión municipal (cuyo objetivo es la prestación de un servicio), siendo sustituida ésta por la gestión privada (máximo beneficio empresarial), aumentando, por ello, el mínimo del consumo un 50% (en muchos casos pagar por lo que no se consume), duplicando las plantillas (municipal y privada) y triplicando los costes (alcalde, municipal y privada) para la gestión de un mismo servicio.

Cuando un político privatiza, reconoce su incapacidad para gestionar, y, por lo tanto, ¿para qué es político?

Después de esta operación, las arcas municipales acaban de sufrir una inundación. Vayan preparando la cartera hasta el 2030.