El PP y la ley de salud sexual y reproductiva

MARIVÍ GONZÁLEZ SECRETARIA DE IGUALDAD DEL PSOE La diputada del PP señora Maniega escribía hace unos días sobre lo que ella denomina «la ley del aborto de Zapatero» haciendo una serie de apreciaciones que demuestran no sólo el intento de confundir, sino de manipular la información sobre este asunto.


Antes de nada, hay que señalar que la ley no se denomina «ley del aborto», sino ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y esto es importante, puesto que con el objetivo de prevenir embarazos no deseados el anteproyecto se sitúa en la línea más vanguardista de las legislaciones europeas y plantea una ley de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un amplio marco en el que se pone el valor en la maternidad planificada y en la prevención de embarazos no deseados.


Por tanto, es una ley que pone en marcha medidas a favor de la salud sexual y reproductiva, tanto mediante la formación y la educación, especialmente de los jóvenes y de los adolescentes para la prevención de embarazos no deseados, como con la mejora en la atención a la salud, en la formación y capacitación de los profesionales sanitarios, y todo ello, garantizando desde el sistema público el acceso universal a la planificación familiar proporcionando los métodos anticonceptivos adecuados a cada necesidad. Es por ello que en el ámbito educativo contempla la formación en salud sexual y reproductiva apoyando a la comunidad educativa en la realización de actividades relacionadas con estos temas e implicando a los padres y madres en la formación y educación sexual de sus hijos e hijas. Porque, mal que le pese a la representante del PP, en el PSOE defendemos el protagonismo de las familias en las diferentes etapas vitales de cada uno de sus miembros, incluidas las menores de edad, para las que no queremos una práctica de interrupción voluntaria del embarazo que, por falta de apoyo familiar, se realice en un contexto de riesgo y de clandestinidad.


Señalan también desde el Partido Popular que el PSOE no se atrevió a incluir la reforma del aborto en su programa electoral, cuando la realidad es que esta ley responde a un compromiso electoral, un compromiso de gobierno y un compromiso histórico del PSOE con las mujeres, compromiso adquirido en el año 1985, en el mismo momento en que se despenalizó el aborto en nuestro país. Por ello el Gobierno, atendiendo a este compromiso histórico con la libertad de las mujeres, tomó la iniciativa de promover un debate serio y reflexivo sobre el aborto en España, fruto del cual es este anteproyecto de ley que tanto parece molestar a un PP que, curiosamente, durante los ocho años en que gobernó en este país, y con más de 500.000 abortos realizados en ese período, no se atrevió a proponer ni la modificación de la ley, ni mucho menos su derogación.


Ha tenido que ser el PSOE, tras estos 24 años de vigencia, quien dé respuesta a los problemas detectados, al comprobar que la ley actual es mejorable. Su aplicación en estos años ha demostrado que plantea problemas de inseguridad jurídica para las mujeres y los profesionales, que permite «abusos» y no poner límite tras la viabilidad fetal; por ello, la necesidad de aprobar una nueva ley que contemple la IVE en el marco de una regulación más amplia sobre salud sexual y reproductiva.


En este debate llama poderosamente la atención que una diputada que por su propio cargo tiene acceso a la información generada en este tema niegue la necesidad de mejorar la protección jurídica de las mujeres. Esta mejora es necesaria porque la actual ley no impide que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo legalmente puedan verse inmersas en procesos judiciales, al igual que la ley actual tampoco ha garantizado la seguridad jurídica de los profesionales que practican esta prestación sanitaria. Si el PP pide mayor diligencia para «perseguir el aborto como negocio», cualquier persona que haya seguido los acontecimientos ocurridos en la clínica madrileña Isadora conocerá la persecución policial y judicial del centro durante dos años, así como la acusación y el juicio mediático a los médicos que en ella trabajaban. Hace unos meses el juez reconoció que no ha habido delito en su actuación y si bien tanto ellos como las mujeres atendidas en esa clínica vieron cómo se vulneró su derecho a la intimidad, finalmente hemos comprobado cómo se ha archivado el caso sin ningún indicio de aborto ilegal. Quizás sea ésta la «diligencia» a la que se refiere el Partido Popular.


Parece que la ley actual de despenalización del aborto le sirve al PP, ya que no hizo nada por cambiarla. Sin embargo, este mismo partido también nos dice que la ley priva a las mujeres del derecho a ser madre, como si la aprobación de la ley obligase a las mujeres que quieren continuar con su embarazo a abortar. Pero desde el PP se atreven a ir mas allá, señalando que la ley no contempla medidas de apoyo a la maternidad, cuando la realidad es que en la nueva regulación la interrupción dentro de las primeras catorce semanas de gestación estará supeditada a dos requisitos procedimentales, siendo uno de ellos el facilitar a la mujer información sobre las prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad. Eso, sin olvidar que han sido los gobiernos socialistas los que han puesto en marcha medidas de apoyo a las mujeres que quieren ser madres a través de las ayudas a la vivienda, las escuelas infantiles, los apoyos a las familias monoparentales o las leyes de conciliación de la vida familiar y laboral, por citar sólo algunas de ellas, encaminadas a apoyar a las mujeres que quieren continuar con su embarazo.


Tenemos, por tanto, un anteproyecto de ley que es el resultado de un amplio proceso de deliberación, reflexión y consultas, y propone una nueva regulación de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la mayor parte de las legislaciones nacionales de los países miembros de la UE que regulan el aborto y que han optado por un modelo legal mixto que combina plazos con indicaciones.


Y tendremos una ley que tiene como base el que todas las personas tienen derecho a la mejor salud posible, incluida la salud sexual y reproductiva, que tienen derecho a tener hijos y a decidir cuándo tenerlos, pero también es una ley que da solución a los problemas detectados, ofrece seguridad jurídica, respeta y tutela los derechos y el bien jurídico protegido y es respetuosa con la Constitución. Y lo más importante es que con su aplicación y con las medidas que pone en marcha va a permitir, de eso estamos seguros, reducir el número de abortos que se practican en nuestro país, y éste es, finalmente, nuestro mejor objetivo y nuestro mayor deseo.