E. C.
La ordenanza de Tráfico en la que se sustenta la implantación de la zona azul trae pocas novedades al panorama de las sanciones municipales, ya que la mayor parte de las prohibiciones viene de largo. De hecho, no falta quien vea en las fórmulas de redacción de las sanciones un lenguaje de otra época. No obstante, el gobierno incorporó en esta ocasión algún detalle nuevo, como la sanción por llevar el volumen de la radio del coche tan alto como para ser oído desde el exterior. Esto, según fuentes municipales, es debido a las quejas de vecinos de zonas peatonales que durante las noches de los fines de semana tenían que sufrir la música «a todo trapo» procedente de coches con las ventanillas bajadas.
Los vecinos, más allá de la sorpresa por lo caro que puede salir hacer un corrillo con los amigos en la acera -90 euros-, confían en el sentido común a la hora de regular la convivencia. Así lo indicó ayer un portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos «La Unión», Alejandro Cueli, que afirmó que estas normas son muy difíciles de aplicar y que no le preocupan porque confía en que la Policía actúe con lógica. «Lo que no es de recibo es que todo esto tenga que estar plasmado en papel, son cosas que caen de cajón», apuntó.
La justificación del gobierno para aprobar este tipo de normativa es la necesidad de amparar a los perjudicados en caso de conflicto. En la práctica, ningún agente multará a ningún ciudadano por ir dando saltos por la calle o por coger el taxi fuera de la parada. Sin embargo, en el caso de que alguno de estos comportamientos afecte a la seguridad de otra persona, la normativa indica quién tiene la culpa. Regula, pues, cómo se ha de actuar cuando se producen conflictos ciudadanos, pero se podrá seguir esperando el autobús fuera de la marquesina. Además, la mayor parte de las normativas se comparte con otras ciudades.
No es la primera vez que Avilés debate sobre la conveniencia de este tipo de normativa. En el año 2002 el gobierno había presentado ya una ordenanza de buenas costumbres que dio mucho que hablar porque planteaba prohibiciones como circular por la acera de la izquierda, que los grupos de más de cinco personas debían disolverse y que no se podía uno tumbar en la acera. Vamos, que la oposición se cachondeó bastante de aquel intento normativo y la ordenanza final se suavizó. Otras restricciones de aquel documento eran sentarse fuera de los «lugares habilitados a tal efecto».
Las ordenanzas municipales nunca llueven a gusto de todos, y son frecuentes los descontentos vecinales con alguna normativa en concreto. La prohibición de uso de bicicletas en vías peatonales suele ser una de las que más revuelo levantan, pero, por llamativas, otras merecen también ser reseñadas. Es el caso de un Ayuntamiento de Gerona que promovió una ordenanza municipal en la que se prohíbe que los perros se suban a los ascensores, sin importar que éstos sean públicos o privados.
Según fuentes de la Policía Local, las únicas normativas municipales cuyo cumplimiento es obligatorio, en el caso de Avilés, son las relacionadas con el comercio y la hostelería, así como las licencias de obras. La observación de las sanciones es estricta cuando se observan irregularidades en las terrazas de bares, en el arreglo de fachadas y otras obras domésticas, principalmente. El resto de normas se queda en papel.
