Avilés, ciudad puntillosa

Francisco L. JIMÉNEZ /

Saúl FERNÁNDEZ

Detenerse en la acera formando grupos que obstruyan el paso a otros viandantes es sancionable en Avilés con multa de 90 euros; circular en patines por una zona peatonal a más velocidad del paso de una persona se penaliza con 90 euros, e ir en una bicicleta desprovista de timbre y sin prendas reflectantes puede costar 180 euros. Éstos son sólo tres ejemplos de prácticas circulatorias punibles, según la ordenanza reguladora de tráfico y seguridad vial aprobada el día 4 de febrero y que está en vigor desde el día siguiente. La puntillosidad de la normativa, y sobre todo el temor a una posible aplicación rígida de la misma por parte de la Policía Local, suscita polémica: los detractores de la ordenanza critican el celo municipal a la hora de prohibir; los que defienden el texto aducen que todos los ayuntamientos tienen normas similares en materia de tráfico y que es necesario prever los comportamientos punibles para sancionarlos si llega el caso.

El concejal de Tráfico de Avilés, Luis Ramón Fernández Huerga, explicó ayer el porqué de la ordenanza: «A diferencia de lo que piensa algún dirigente vecinal (en alusión a las declaraciones de Alejandro Cueli, del barrio del Quirinal, a LA NUEVA ESPAÑA), el sentido común de la gente no basta para regular el uso de las vías públicas, sino que es menester disponer de una normativa para resolver los casos de conflicto». El edil pone un ejemplo: «La ordenanza establece una sanción (de 90 euros de multa) para quien corra o salte por la calle; es obvio que los guardias no van a multar a todos los que corren o saltan por la calle, ¿pero qué ocurre si una de esas personas que va corriendo o saltando golpea a otra y la hiere? Para eso es necesario contemplar la excepción, para que si se da el caso, y siempre con criterios de racionalidad, se pueda cursar la denuncia correspondiente».

Fernández Huerga asegura que todos los artículos de la ordenanza (86 en total) tienen detrás el sustento legal de la ley sobre Tráfico y el Reglamento General de Circulación, y la mayoría, además, son comunes al resto de ayuntamientos españoles. Las peculiaridades avilesinas de la ordenanza, según Huerga, son mínimas. La más significativa es que el Ayuntamiento aprovechó la implantación de la zona azul para refundir en un mismo texto la normativa reguladora de los aparcamientos de pago, la vieja ordenanza local sobre tráfico y la ordenanza sobre uso de las zonas peatonales, que data de 2002 y que también fue polémica en su origen, pues ya en ella se prohibía, por ejemplo, sentarse fuera de los espacios habilitados al efecto o la circulación peatonal por la acera de la izquierda.

A diferencia del PSOE, el PP cree que la ordenanza es rigurosa en exceso. «Su texto es un sinsentido, da la sensación de que la escribieron los hermanos Marx», declaró el portavoz popular, Constantino Álvarez. «No podemos fiarnos del sentido común de los agentes a la hora de aplicarla, esta herramienta puede ser peligrosa en ciertas manos», apuntó. «Para evitar riesgos, lo que vamos a pedir es que la ordenanza se adapte de verdad a la realidad avilesina», aseguró Álvarez. «El Ayuntamiento prevé incrementar en casi un 50 por ciento los ingresos de las multas. ¿Será a costa de esta ordenanza?», preguntó. El PP se abstuvo en la votación de la ordenanza en el Pleno, en septiembre de 2008, y entonces no enmendó ningún artículo.