La Alcaldesa critica que Aqualia se pronuncie sobre la sentencia del agua

Piedras Blancas,

I. MONTES

La alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, criticó ayer la posición de Aqualia, la empresa que gestiona el servicio municipal de aguas, sobre la decisión que tomará el gobierno local (IU-PSOE) respecto a la sentencia que anuló la adjudicación. Vallina aseguró que el Pleno es el único órgano competente para adjudicar a una u otra empresa o para dejar desierto el concurso. «La posición de Aqualia no tiene ningún tipo de validez pues es parte interesada», afirmó la alcaldesa.

«La idea de IU es que sea una empresa mixta la que asuma la gestión del agua, pues creemos que es la opción que mejor protegerá los intereses de todos los castrillonenses, que es lo único que nos preocupa», afirmó. Ángela Vallina se mostró sorprendida por la utilización por parte de la empresa de un informe del secretario municipal que se realizó a petición del gobierno local. «Aqualia debería de explicar cómo ha tenido acceso a un documento de carácter interno del Ayuntamiento y, si lo utiliza, que lo haga en todos sus términos pues en uno de los apartados se dice con claridad que el concurso puede dejarse desierto».

Asimismo, añadió que también hay otros informes hechos a petición del juzgado que anuló la adjudicación, en los que queda establecido que ninguna de las empresas que concurrían al concurso cumplían con los requisitos de las bases. «Los intereses del municipio no los defiende Aqualia, que es una empresa privada y cuyo único fin es su propio beneficio. Los intereses de los vecinos los defiende el Ayuntamiento», dijo. Aqualia, en un comunicado hecho público el lunes afirmaba que «la empresa cumple con todos los requisitos exigidos en el concurso y la oferta presentada es válida».

La privatización del servicio municipal de aguas por el entonces gobierno municipal del PP concluyó con la adjudicación del concurso a la empresa Aqualia en un Pleno celebrado en octubre de 2006. IU, entonces en la oposición presentó un recurso contencioso administrativo y la sentencia, que se falló hace un año, anulaba la adjudicación y el contrato firmado con la empresa por el entonces alcalde del PP, José María León Pérez, por considerar que se había vulnerado el derecho de los concejales que recibieron un informe, crucial para la adjudicación, minutos antes del Pleno.