La Alcaldesa quiere resolver antes de un mes el futuro del servicio de aguas

Piedras Blancas,

Inés MONTES

La alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), quiere que se debata en el próximo Pleno ordinario la forma en la que se ejecutará la sentencia judicial que anuló la adjudicación de la gestión del servicio local de aguas. Una sentencia del 21 de noviembre de 2008 del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Oviedo, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 15 de mayo de 2009, declaró la nulidad del acuerdo plenario del 6 de octubre de 2006, así como de todos los actos que se derivasen del mismo y en particular del contrato de 10 de noviembre del mismo año firmado con Aqualia para que la empresa se hiciera cargo de la gestión del servicio municipal de aguas.

La privatización del agua fue aprobada por el entonces gobierno municipal del PP y contó con la oposición de IU, PSOE y de los sindicatos, que salieron a la calle para protestar por la iniciativa. IU fue más lejos y recurrió la adjudicación ante los tribunales de justicia. La sentencia anuló la adjudicación por considerar que se habían vulnerado los derechos de los concejales de la Corporación, que recibieron un informe técnico importante para la decisión que iban a tomar en el Pleno unos minutos antes del inicio de la sesión, cuando la normativa obligaba al alcalde, en aquel entonces José María León Pérez (PP), a darlo 48 horas antes.

«La alcaldesa quiere resolver la ejecución de la sentencia antes de que finalice el año y, a más tardar, en la primera quincena del próximo mes de enero», afirmó ayer un portavoz de la Alcaldía. IU ya anunció su posición favorable a declarar desierta la adjudicación e iniciar el proceso para la constitución de una empresa mixta, una solución similar a la que tomó el Ayuntamiento de Avilés. No obstante, el retraso del PSOE en aclarar su postura está obligando a IU a aplazar la ejecución de la sentencia. En la última reunión de seguimiento del pacto de gobierno que celebraron las direcciones locales de IU y PSOE, la coalición había puesto de plazo máximo a los socialistas hasta mediados de noviembre para que se decantaran por una solución. La ejecutiva local del PSOE ha incumplido con creces el plazo y desde IU (7 concejales) aseguran que es necesario tomar una decisión ya.

La llave de la decisión final la tiene el PSOE (5 concejales), ya que el PP (9 concejales) también tiene clara su postura, que es la de mantener el contrato con Aqualia. Ahora queda por saber si los socialistas mantienen su oposición a la privatización de la gestión del agua como hicieron en 2006 o, por el contrario, se suman al PP.

El contrato con Aqualia tiene una duración de 25 años y está en vigor desde el 1 de enero de 2007. La empresa aportó al Ayuntamiento un canon de algo más de dos millones de euros cuando se hizo cargo de la gestión del agua.

Crónica.

Privatización.

En octubre de 2006, el entonces gobierno municipal del PP aprueba en un pleno adjudicar la gestión privada del servicio municipal de aguas a Aqualia.

Oposición.

IU, PSOE, CC OO, UGT, USO y varias asociaciones de vecinos habían convocado manifestaciones de protesta contra la privatización.

Fallo judicial.

Una sentencia de noviembre de 2008 anula la adjudicación que había recurrido IU.